Héctor Cristaldo: “2024 sería un año de inestabilidad política y turbulencia social si la UE sigue apretando su dogal normativo”.
ASUNCIÓN, 30-12-2023 (Chaco 4.0) – Decenas de miles de pequeños productores con fincas de menos de 20 hectáreas podrían quedar fuera del agronegocio y hasta recaer en la pobreza, si la Unión Europea insiste en regular en forma extrema e inadmisiblemente unilateral su comercio exterior, en especial en lo relativo al georeferenciamiento por fincas, parcelas y hasta por reducidas porciones los productos procedentes de pequeñas explotaciones agrícolas.
Años de esfuerzos por incorporar biotecnología, semillas de alta calidad genética, buenas prácticas, cuidado del suelo, rotación de cultivos, rigurosa utilización de defensivos agrícolas con observación de estrictos periodos de carencia y, sobre todo, disponibilidad de un mercado asegurado, pueden quedar en la nada y hacer retroceder años a por lo menos 291.000 unidades agrícolas distribuidas en toda la región Oriental. Si las regulaciones de la Unión Europea siguen cobrando volumen y escala, se corre el riesgo de que casi 300.000 familias campesinas recaigan en la pobreza y hasta pasen hambre si no logran colocar sus cosechas de soja, maíz, sésamo, girasol y todos los rubros que componen la creciente bandeja de producción de la pequeña agricultura en paulatina fase de tecnificación.
TRIUNFO DE LA PERSEVERANCIA – En 2008 eran 14.900 las fincas menores de 20 hectáreas dedicadas a la soja. Hacia 2020, este número se había incrementado un 280%. La campaña 20-21, en este segmento, cubrió 832.849 hectáreas sembradas por 41.600 productores que fueron responsables del 23% de la soja cosechada y comercializada. Estamos hablando de una facturación bruta de por lo menos US$ 800 millones sobre una exportación total de la oleaginosa que cerró en US$ 3.200 millones (BCP).
Esta creciente evolución podría quedar frenada si de pronto el mercado internacional acaba cediendo a las regulaciones descabelladas de la Unión Europea. Una de ellas exige que “en el caso de que los productos exportados contengan o hayan sido elaborados utilizando materias primas procedentes de distintas parcelas de terreno se incluirá la geolocalización de todas las parcelas de conformidad con lo que se dispone en el presente reglamento” (Resolución 1.115-2023 Comisión Europea).
¿Tiene esta gente alguna idea del fenomenal embrollo burocrático que esto implicaría así como sus enormes costos de implementación virtualmente inabordables para pequeñas fincas de antiguos cultivadores de algodón?
DE CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE – “Este reglamento es de muy difícil cumplimiento o peor aun, imposible – expresó el ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción-. Exigen que semejante regulación empiece a partir de las 4 hectáreas y esté lista en un año a más tardar”. Cristaldo hizo notar que se trata de 291.000 fincas con cuatro parcelas cada una, en total 1.200.000 parcelas a ser georreferenciadas y cartografiadas.
“No hay agrimensores ni ingenieros suficientes en el país para emprender semejante tarea ni tampoco instituciones con capacidad de emitir esa cantidad de certificados técnicos y en el tiempo exigido por la Unión Europea” sentenció el presidente de la UGP, quien considera que si este proceso no se frena a tiempo, 2024 será un año crítico que puede derivar en inestabilidad política y turbulencia social.
A esto hay que agregar que apenas la mitad de todas estas fincas cuenta con título de propiedad definitivo. Las demás tienen título pendiente de adjudicación.
Como dato de contexto, en marzo próximo se cumplirán 30 años de la primera marcha campesina producida poco después de iniciado el periodo democrático. Una efeméride de estas características podría concentrar mucha protesta en calles y rutas del país.
