Ni se piense en una ley de deforestación cero para la región Oriental. El Chaco se desarrolla en equilibrio y según los intereses legítimos del Paraguay.
ASUNCION, 15-04-2023 (Chaco 4.0) – La Unión Europea vuelve a la carga con uno de sus programas preferidos, desbordante de terminología ambientalista. Para el efecto le hizo firmar al Canciller nacional un nuevo convenio que obliga, entre otras cosas (sic), a “apoyar la transición a una economía más verde y resiliente, combatiendo la deforestación y promoviendo una gestión forestal sostenible”. Para asegurarse de que el convenio estará en danza un tiempo, la firma del mismo viene acompañada por un cheque de 12 millones de euros, que al cambio actual significa unos Gs. 93.000 millones. Buena plata para contratar partners y voceros.
LA DEPREDACION IMPUNE — Dejando a un lado el ambiguo y consultoril término resiliencia, pongamos en primer plano un tema incluido en el nuevo convenio: combatir la deforestación y promover una gestión forestal sostenible.
Llegaron tarde, señores de la UE. La fiesta con los bosques sigue sin que Gobierno alguno haya tenido pelotas para cortar la depredación.
En la región Oriental, los dos millones y pico de hectáreas de bosques nativos que quedan están a la buena de Dios. Ni el MADES, ni el INFONA (entidades directamente adjudicadas financieramente por este nuevo paquete de la UE), ni las fiscalías ambientales han podido, querido o sabido proteger ese patrimonio. Las mafias saqueadoras de reservas como Morumbí, San Rafael o estancia Pindó trabajan a la luz del día, instalan aserraderos, venden la madera en rollos o aserrada sin obstáculo alguno. Todos están en la fiesta: intendentes, gobernadores, seccionaleros y narcotraficantes, ya que en las superficies depredadas se planta marihuana. Y eso que rige en la región Oriental la ley 2524/04 de deforestación cero. Otra ley , la 716, castiga hasta con 8 años de penitenciaría y 2.000 jornales mínimos (Gs. 196 millones) a quienes
- Talen o quemen bosques o formaciones vegetales que perjudiquen gravemente el ecosistema;
- Los que procedan a la explotación forestal de bosques declarados especiales o protectores;
- Los que trafiquen o comercialicen ilegalmente rollos de madera o sus derivados.
¿Con qué autoridad moral estas dos instituciones -MADES e INFONA- reciben dinero para, supuestamente, arreglar todos los delitos ambientales que han sido incapaces de evitar o penalizar procesando a sus responsables?
¿CUANTOS ESTÁN PRESOS? – Un sobrevuelo de dron muestra a la reserva natural Mbaracayú perforada por manchones enclavados en pleno monte y dedicados obviamente a plantar marihuana. Lo mismo pasa en otra reserva, San Rafael, en Itapúa, que de sus 75.000 hectáreas originales le son restados constantemente los terrenos que van ocupando asentamientos campesinos que avanzan sobre las áreas verdes supuestamente protegidas.
Durante 10 años, los depredadores -especuladores de la propiedad privada, activistas ideologizados y usados como fuerza de choque, además de traficantes de madera y de marihuana- han hecho lo que han querido en estancia Pindó. Allí arrasaron con de 4.000 hectáreas de bosque Atlántico. En sus dominios funcionan aserraderos que cuentan incluso con luz de ANDE. Todos, menos los legítimos dueños de la propiedad, ganan fortunas con ese tráfico ilegal.
¿”Economía más verde y resiliente, combatiendo la deforestación y promoviendo una gestión forestal sostenible…”? ¿A quién le están tocando este tanguito de letra repetida como sonsonete? Puede que las intenciones sean buenas, pero la realidad golpea mucho más allá y nos habla de un Estado incapaz de ejercer sus poderes legítimos y cortar el bandidaje que se ejerce a lo largo de toda la región Oriental sobe los restos de bosque nativo que aún quedan. Un rollo de lapacho de buen desarrollo puede valer hasta Gs. 15 millones. Ni hablar de especies como guatambú, cedro, trébol, etc. Negocio negro puro y duro.
NI MIREN EL CHACO – Si bien este convenio tiene clausulas generales, no faltarán quienes quieran llevar eso de “combatir la deforestación…” al terreno de la práctica y, una vez más, intentar una ley de deforestación cero para el Chaco.
Ni lo piensen. El futuro del Paraguay se basa en gran medida en el correcto uso de los recursos naturales del Chaco en donde una agricultura y ganadería pujante y tecnológicamente soportada abre un horizonte de desarrollo de grandes dimensiones. La legislación vigente determina que “cada propiedad debe conservar el 25% de su área boscosa, entre el 10 y el 13% de cortinas de protección de vientos y entre el 5 y 8% de bosques protectores de cauces hídricos, lo que implica que conserva en forma prístina entre el 45 y 52% de su total de bosque” (Informe Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal-ARP-2019).
El patrimonio boscoso del Chaco, por lo tanto, está protegido ya ahora. Y de la forma que conviene a los intereses del desarrollo económico y social del país, no siguiendo patrones surgidos de los cenáculos más extremos e ideologizados del ambientalismo europeo.
