Los senadores Masi, Florentin, Santa Cruz y Rios y el ex senador Payo Cubas están detrás de esta nueva amenaza al orden jurídico.
Cristian Nielsen – Editor
ASUNCION, 05-06-2021 (Chaco 4.0) – Los senadores Pedro SantaCruz, Desirée Masi, Amado Florentín y Víctor Ríos, además de Paraguayo Cubas -expulsado de la Cámara- impulsan un proyecto de ley que modifica un artículo del Código Penal en el que se define la figura de la “invasión de inmueble ajeno”.
El documento, actualmente en estudio en la comisión de Legislación del Senado, establece que “no configurara hecho punible de invasión de inmueble ajeno cuando la misma haya trascurrido seis meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Publico”.
La iniciativa busca además asegurar a los invasores que “durante la sustanciación de dichas acciones -es decir, el reclamo del propietario del inmueble- no serán ordenadas restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los mismos”, es decir, sobre los usurpadores de propiedades.
ENSALADA DE TEMAS – Los antecedentes citados por los senadores para justificar este golpe a la estabilidad de la propiedad privada son una verdadera ensalada que mezcla corrupción en la administración de las tierras públicas, festival con los excedentes fiscales, surgimiento de las famosas “ventas de derecheras” -producto típico de una reforma agraria hecha al tuntún-, la excesiva burocracia en los papeleos para citar finalmente la evolución de la composición demográfica de la población en su balance urbano-rural.
Este batiburrillo intenta esconder el verdadero fondo de la cuestión: la resistencia de oleadas enteras de políticos en el poder a realizar a fondo y con eficiencia el catastro rural que despejaría definitivamente toda conflictividad en la titularidad de la propiedad rural en el Paraguay.
En esta conflictividad se mimetizan los políticos oportunistas en busca de gruesas tajadas detrás de cada expropiación de fincas rurales. El caso más emblemático de este negro capitulo es la expropiación de Antebi Cue en 1995. Fueron 224.000 hectáreas por las que el Estado se comprometió a pagar US$ 40 millones (hoy supera los US$ 120 millones) y de las cuales no salió una sola colonia agrícola. En cambio, hace 25 años que políticos corruptos, y abogados ventajeros, viven de esta danza de dólares que aún no se ha terminado de pagar al antiguo propietario de las tierras.
INVASORES PROFESIONALES – Los senadores saben muy bien lo que están haciendo. En octubre de 2020, los senadores Pedro Santa Cruz -coautor del proyecto que estamos comentando-, Hugo Richer y Sixto Pereira auspiciaron abiertamente la invasión de la Agroganadera Pindó S.A. -establecimiento plenamente explotado- en donde los usurpadores se estaban dedicando a la tala de bosques naturales para su conversión en madera comerciable y carbón. Esta invasión, naturalmente, venía con el disfraz de una “reivindicación de campesinos sin tierra”.
La propia presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, denunció en su momento la destrucción de bosques naturales en dicha propiedad, sometida a constantes incursiones depredatorias desde 2004.
La ley en estudio podría consagrar la figura del “invasor profesional”, cabeza de un proceso que se inicia con la usurpación de una propiedad, su posterior expropiación y consecuente reparto de tierras de alto valor inmobiliario, con beneficio para toda la horda depredadora, incluidos legisladores.
