El Banco Mundial pone US$ 100 millones. Una ley crea organismos, oficinas, asesorías y consultorías para inflar aún más las planillas del MAG.
Cristian Nielsen — Editor
ASUNCION, 23-08-2020 (Chaco 4.0) – En mayo pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 6286 cuyo titulo es “de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina”. Entre las finalidades atribuidas a esta ley figura esta:
“Contribuir a la práctica y promoción de sistemas de vida y producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de diversificación de la producción y transformación de los sistemas productivos de modo a hacerlos sustentables y pertinentes, para la eficaz contribución a la economía nacional, preservando los valores culturales, eco sistémicos e históricos de las comunidades rurales”.
La ley está llena de definiciones similares. Por ejemplo: “Promover una mayor equidad en el desarrollo rural en todas las regiones del país, impulsando una atención diferenciada a las regiones con mayor atraso mediante una acción integral del Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación de esta Ley en coordinación con otras instituciones del Estado, que impulse la transformación y la reconversión productiva y económica en el marco de un desarrollo rural sustentable”.
Pero más allá de este lenguaje propio de consultorías internacionales, lo que se viene detrás de este capitulo legislativo es el montaje de una nueva red burocrática con cargos para todos los gustos.
INFLANDO EL ORGANIGRAMA – La organización del Ministerio de Agricultura y Ganadería se verá inflada muy pronto con las siguientes oficinas, definidas en la ley de la siguiente manera:
- Viceministerio de la Agricultura Familiar Campesina: autoridad de aplicación de la ley y dará participación a todas las instancias institucionales del Estado y a los sectores involucrados en la materia a fin de que coadyuven al cumplimiento de las finalidades previstas en esta ley.
- Sistema de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina: destinado a (sic) el/la agricultor/a y a la agricultura familiar y a pequeñas empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y agroindustrias artesanales en el medio rural, conforme los alcances que se establecen en la presente ley.
- Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF): emitirá a los beneficiarios un certificado en el que conste que se halla registrado en el mismo, y su expedición se realizará con la colaboración de los gobiernos departamentales y municipales de acuerdo a lo que establecen sus Leyes orgánicas.
- Consejo Interinstitucional de la Agricultura Familiar Campesina: tendrá como objetivo representar a las organizaciones campesinas e indígenas, cooperativas y asociaciones de la Agricultura Familiar Campesina en el proceso de toma de decisiones acerca de la implementación de esta normativa y de los proyectos a ser ejecutados conjuntamente con los organismos ministeriales competentes.
¿Y EL DINERO? – Lo pone el Banco Mundial, aportando un fondo de US$ 100 millones. Para administrar estos 680.000 millones de guaraníes, el MAG ha creado otras dos estructuras:
- Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
- Proyecto Mejoramiento de la Inserción en los Mercados de los Productores Agrarios Organizados y Comunidades Indígenas de la Región Oriental (PIMA).
El MAG dice que con esta iniciativa cumple un papel “histórico” al apoyar a los pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y de comunidades indígenas para el fortalecimiento de la agricultura de autoconsumo o subsistencia y la generación de productos agrícolas de renta que les permitan el mantenimiento y mejoramiento de sus medios de vida”.
Los US$ 100 millones puestos por el BM deberán ser devueltos a un plazo de 31,5 años, con 8 de gracia y un interés variable.
Es fácil suponer que con la creación de todo este andamiaje desbordante de cargos, y con mucho dinero para repartir, los salarios fijos, los contratos, las asesorías y las consultorías estarán a la orden del día, llenando el estado de nuevos directores generales, directores a secas, jefes de departamentos, coordinadores y de todos los productos de la delirante semántica presupuestaria que padece el Estado paraguayo.
