Uno de cada tres camiones de soja se lo queda el Gobierno.
Por Cristian Nielsen – Editor
La excusa es que los “sojeros” argentinos se enriquecen a costa de los recursos naturales. Por lo tanto, para que haya “solidaridad”, esa “riqueza” hay que repartirla. ¿Quién lo hace? Cristina Kirchner y su segundo de a bordo que funge de capitán, Alberto Fernández. Es decir, Edward Smith y Charles Lightoller, respectivamente… El Titanic navega de nuevo.
¿En qué consiste la «solidaridad»? Entre 2006 y 2015, el kircherismo le tiró encima al sistema previsional argentino 2.250.000 “jubilados” que nunca aportaron al sistema. Los disfrazó de “pensiones por invalidez”, lo cual arroja 1 inválido por cada 20 habitantes, tasa sólo vigente –según la ONU- en países devastados por la guerra civil total o víctimas de catástrofes naturales o sanitarias extremas (ya se sabe, Haití, Etiopía, etc.).
Naturalmente, esos “lisiados” responden directamente a las unidades básicas del kirchnero-peronismo donde regularmente deben renovar sus carnets de militantes en los que figuran los subsidios por “hambre”, desempleo, jefas de hogar, AUH, toda la delirante semántica presupuestaria “made in Argentina”. Se trata de un prolijo asiento contable de 2,2 millones de votos pagados gracias a la “economía solidaria”. ¿Qué tal? Así es fácil ganar una elección, ¿o nó?
Macri intentó meterse en ese chiquero y salió escaldado y, además, oliendo mal. Así le fué.
Ahora, con la pandilla nuevamente instalada en la Casa Rosada la farra sigue vigente y en aumento. Chavo-madurismo-castrista puro y duro, algo que no le gusta escuchar a la “señora a la que no se le habla, se la escucha y se baja la cabeza”, como dijera de Cristina Kirchner un tal Carlos Zannini, que acaba de salir de la cárcel de Ezeiza –procesado por enriquecimiento ilícito- para asumir la Procuraduría del Tesoro… nada menos. Un ex convicto devenido abogado jefe del Gobierno. Como decía Borges, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Casi la mitad del nuevo gabinete residía en la cárcel hasta anteayer o estuvo a punto de entrar, salvados todos por una justicia argentina de espinazo flexible, hoy funcional al fernandismo.
¿Qué pasaría si esta “economía solidaria” se la extendiera a otros sectores? El economista Roberto Cachanosky acaba de calcular cuánto le cuesta al tesoro argentino un senador –dieta, más gastos, choferes, asesores, viajes, etc.-. Son 225.000 euros (Gs. 1.575 millones)… ¡por mes!. ¿Qué tal si Fernández-Fernández & Co. le aplicara a cada senador la “tasa solidaria” y les escamoteara por mes 75.000 euros, 900.000 al año? ¿Cuántos senadores y diputados hay? Saldría un lindo toco. ¿Y si se sumaran ministros, jueces, presidentes y directores de empresas públicas, asesores…? Pongamos que Cooper’s&Lybrand gane una consultoría por US$ 1.000.000 y que al ir a cobrar le paguen sólo US$ 666.666,66 diciéndole “Ups, economía solidaria”.
El nombre de la ley bajo la cual se organizó este desquicio es “ley de economía solidaria y reactivación productiva”. Linda reactivación si al pie de la cosechadora, al productor le roban, sin que pueda resistirse, el 33% bruto del valor de su cosecha…
La movida ya empezó. “Ni un peso más para Fernández, se acabó la fiesta” dicen algunas pancartas. Es gente que no habla al pedo y que odia que le hagan perder el tiempo, porque el campo no espera.
Pero una vez más, tendrá que hacerlo.
