La relativización como técnica legislativa
Sucedió en la plenaria de la Cámara de Senadores de este jueves 31. Se trataba el proyecto de ley de expropiación de la estancia La Alegría, del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro, aprobado por la Cámara de Diputados, cuyos miembros intentaron inútilmente, en una sesión especial, remediar el mamarracho vía anulación del acta de la sesión en la que había sido perpetrado.
Durante la sesión senatorial se escucharon los mismos argumentos con los que en vano algunos diputados habían intentado cerrar el paso al proyecto. Y es que sería dificil encontrar un ejemplo más patéticamente erróneo que el del «caso Estancia Alegría». No hay cláusula alguna ni de la Constitución ni del Estatuto Agrario que acompañe el intento de expropiación sino todo lo contrario. Se demuestra, artículo por artículo, inciso por inciso, que esa propiedad cumple a cabalidad con los requisitos de ser una finca eficiente y racionalmente utilizada al observarse un aprovechamiento productivo sostenible en lo económico y ambiental, no ya del 30% de su superficie agrológicamente útil, sino del 100%.
Varios senadores renovaron esa línea argumental con datos, gráficos, fotografías y videos que definen la estancia La Algegría como establecimiento modelo.
Pero ninguno de esos fundamentos-, proyectados como flechas de racionalidad, lograron penetrar la dura costra de necedad que envuelve la entendedera de los expropiacionistas.
Se escuchó de todo, desde lo más relamidamente repetido hasta despropósitos que superan cualquier expectativa.
«Hay mucha gente sintierra», «hay compatriotas y compañeros que hace años luchan por un pedazo de tierra propia, como dice la Constitución», «¿acaso el agua tiene título de propiedad, el aire tiene título de propiedad, por qué entonces la tierra tiene que tener título de propiedad?», etc. Este último ensayo de filosofía de taberna raya el umbral de la imbecilidad redomada convertida en discurso efectista para la platea, ya que se agarra a patadas con todo el orden jurídico nacional y la doctrina universal que consagran y protegen el principio de la propiedad privada.
En suma, los mercaderes del populismo están diciendo, en el Senado y en Diputados, que ni la Constitución ni el Estatuto Agario ni ninguna ley reglamentaria van a detenerlos cuando se les ponga entre ceja y ceja expropiar algo . Son como mastines a los que se les ha hecho oler la presa y ya no quieren otra cosa, sobre todo, cuando se trata de tierras con un valor de mercado de más de Gs. 30.000.000 la hectárea. Por más demoledores que sean los argumentos que se alcen para impedirles el acto depredatorio, al final se escuchará el sacramental «sí, pero…»
Y a partir de allí, se desatará el chocarrero discurso de vaguedades y afirmaciones descosidas a que nos tienen acostumbrados los expropiacionistas extremos.
