¿Puede el Estado ahorrar US$ 6.600 millones en cinco años?

Sí, con sólo aplicar a rajatabla la ley 1.626 tal como está. El Ministerio de la Función Pública debe dejar de ser un florero y cumplir acabadamente con su misión.

Supongamos que Ud. va al supermercado y hace una compra, digamos, por Gs. 100.000.  Si todos los artículos caen bajo la categoría del 10%, 10.000 guaraníes de su pago van a las arcas del Estado bajo los términos del IVA que es, cabe agregar, más del 50% de los ingresos fiscales.

Ahora bien, cómo reaccionaría Ud. si le dijera que de esos 10.000 guaraníes de los que usted tuvo que desprenderse, y no de muy buena gana, 7.100 van a parar al bolsillo de los 301.926 funcionarios públicos que hoy engordan las planillas del Estado.

Como lo lee. Es lo que le cuesta a Ud. y a todos los paraguayos mantener una burocracia obesa, pesada, ineficiente y, por añadidura, innecesaria en su mayor parte.

Cifras de terror – Continuando en esta línea de análisis, tenga Ud. en cuenta que el Estado se gasta el equivalente al 34% del Producto Interno Bruto en pagar sueldos de funcionarios, autos para funcionarios, combustible para funcionarios, celulares para funcionarios, agua, luz y oficinas para funcionarios, etc. ¿Sabe Ud. cuánto es eso en billetes contantes y sonantes? Agárrese: 13.100 millones de dólares… ¡cuatro veces lo que vamos a exportar este año en oleaginosas y carne! Para pagar todo esto no alcanza lo que todos los paraguayos dejamos cada año en la Secretaría de Tributación. Además de eso, el Estado le debe a cada santo una vela porque su déficit presupuestario es de otros… ¡660 millones de dólares! Esto significa casi el doble de lo que se exportó en materia de harina de soja durante el primer semestre de este año.

Cuevas de zánganos — ¿Todos los funcionarios públicos son inútiles rentados? Por supuesto que no. Toda oficina pública tiene, en su configuración, la siguiente proporción, tomando, digamos, una que tenga 100 funcionarios. De ellos, media docena son jefes, casi siempre cargos políticos que van y vienen. De los 94 restantes, hay un núcleo de no mas de 12 profesionales competentes. Detrás de ellos van otros 24 que trabajan bajo las instrucciones de ese nucleo principal. Esos 36 son los que realmente mueven la oficina. El resto, hasta 64, son absolutamente innecesarios. Pero están allí por padrinazgo político, por lazos familiares o simple “herencia” de administraciones anteriores. Este patrón se cumple inexorablemente en las 103 instituciones públicas, con ligeras variantes en sus proporciones de útiles vs. inútiles.

¿Todo esto tiene remedio? – Claro que lo tiene. Bastaría con aplicar rigurosamente la ley 1.626 de la Función Pública que establece que “la promoción  del funcionario público sólo se hará previo concurso de oposición en razón de las calificaciones obtenidas y los méritos, aptitudes y notoria honorabilidad, comprobados mediante evaluaciones periódicas…”. Si esa evaluación fuera implacable, más de la mitad de los ocupantes de oficinas públicas tendría que irse a su casa o a buscar empleo en el sector privado. No digo dedicarse a la agricultura porque eso es mucho trabajo y, además, no sabrían cómo hacerlo.

Este despropósito presupuestario, por calificarlo suavemente, se corregiría si la Secretaría de la Función Pública dejara de ser un florero y aplicara la ley al pie de la letra. Pero para eso hacen falta agallas y liderazgo, algo que por hora escasea en el Palacio de Gobierno.

Mientras tanto, sus bolsillos, Señor Contribuyente, siguen sangrando.