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El proyecto duerme en el Congreso. Su cobertura es amplia y persigue delitos en el ámbito estrictamente privado.
Existe, en alguna parte del Congreso, un anteproyecto de ley que prevé la figura del soborno privado y del cohecho pasivo privado agravado. Abarca las funciones de directivos, administradores, empleados, colaboradores o representantes cuya deslealtad pudiera producir daño patrimonial a una empresa privada. El ejecutivo desleal de una empresa podría ir a la cárcel hasta 8 años
Delitos de acción penal
El soborno y el cohecho privado podrían ser catalogados como delitos de acción penal si el anteproyecto de ley en formulación llegara al Congreso.
El soborno privado podría significar una pena de cárcel de cinco años para quien “prometiera, ofreciera, garantizara o concediera a cualquier directivo, administrador, empleado, colaborador o representante de una empresa mercantil, sociedad, asociación, fundación u organización, un beneficio patrimonial o ventaja de cualquier naturaleza que no estuviere justificado, para que le favorezca a él o a un tercero, a cambio de una contraprestación propia de sus funciones ya realizada o que realizare en el futuro”.
Del otro lado del mostrador, se considera cohecho pasivo cuando “se solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio patrimonial o ventaja de cualquier naturaleza que no estuviere justificado, para que le favorezca a él o a un tercero, a cambio de una contraprestación propia de sus funciones”. En pocas palabras: la coima, en el sector privado, podría llevar hasta cinco años a la cárcel al ejecutivo desleal. Y si ese acto se produjera con evidente perjuicio patrimonial para la empresa en la cual sirve, la pena en expectativa podría llegar a los ocho años de penitenciaría. Las figuras previstas son las de soborno privado, soborno privado agravado, cohecho pasivo privado y cohecho pasivo privado agravado.
Otro anteproyecto de ley en proceso de formulación es el que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera dirigido a “prevenir y mitigar el riesgo de utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros hechos punibles que atenten contra el orden financiero y económico”. A este instrumento en expectativa acompañan otros complementarios que apuntan a realizar los ajustes correspondientes en el Código Penal.
El sistema financiero en alerta
Aunque la coima –soborno o cohecho pasivo- es una figura casi exclusiva del sector público, no se debe descartar que su imperio se haya extendido también al ámbito privado. La exigencia extorsiva de pagos mimetizados para apurar trámites en instituciones del circuito financiero privado es un rumor que circula desde hace algún tiempo y que no debe descartarse de buenas a primeras.
Los proyectos de ley descritos más arriba podrían convertirse en instrumentos de gran valor para arrancar de raíz cualquier principio de propagación a la intermediación financiera privada de este cáncer que enferma al sector público.
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