El extraño caso de una sociedad anónima por acciones en la que el único accionista es el Estado
En febrero de 2018, la Contraloría General de la República informó que la “junta de accionistas” de COPACO SA no había aprobado aún los estados contables de la empresa de los ejercicios 2013 al 2017 y que además, debía a sus “accionistas” los dividendos anuales del 2009 al 2017, a saber: al Estado más de Gs. 2.300 millones y a su otro “accionista”, ESSAP S.A. , la monstruosa suma de… ¡848 guaraníes!
Esta ridiculez del Estado travistiéndose de empresa privada explica la lamentable parodia que es la figura de “sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado”. En el caso de COPACO, el Estado retiene 43 millones de acciones con igual cantidad de votos mientras el otro “accionista” es la Empresa Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP SA, otro aborto transgénico) con… 10 acciones y diez votos.
Sin solución
COPACO es un monstruo inmanejable. Mantiene en sus nóminas no menos de 4.500 funcionarios, lo que arroja una ratio de uno por cada 62 líneas fijas. En telefonía móvil, Vox, la relación es de uno por cada 530 usuarios. Esto significa que emplea 13 veces más gente que las dos principales competidoras del área (Tigo y Personal) que tienen un empleado por cada 7.000 usuarios.
Esta irracionalidad típica de una empresa pública tiene su precio. COPACO debe gastar en salarios la mitad de su facturación y deducidos todos los demás gastos fijos, las inversiones físicas sólo podrían hacerse a costa de un fuerte endeudamiento. La compra de Hola Paraguay, actual Vox en la que el Estado es 100% accionista, fue la piedra que terminó de hundir los estados financieros de la empresa.
COPACO enfrenta dos alternativas para enderezar su camino: hacer crecer exponencialmente su cartera de servicios o disminuir personal y todos los gastos fijos relacionados.
En el camino de aplicar la primera alternativa, los sindicatos ya mostraron los dientes. Cuando la empresa quiso tercerizar la asistencia técnica, mantenimiento y readecuación de sus redes de telefonía, las élites sindicales le cayeron encima diciendo que eso violaba la ley 2051 “de contrataciones públicas”. Extraña sociedad anónima que se rige por una ley que regula las compras en el Estado.
Y si acaso al presidente se le ocurriera iniciar una reducción de personal, eso le garantizaría un conflicto laboral y político de grandes proporciones. Lo que se dice, una ecuación diabólica. Cualquiera de los sentidos en que se la resuelva lleva al infierno.
Clientela en retirada
COPACO es un dinosaurio en extinción. Mientras Perú, por ejemplo, duplicó su planta de telefonía fija en diez años (UIT, 2017), COPACO la redujo. Sólo participa en un 5% en el negocio de los celulares, un 14% en internet y tiene menos usuarios de TV paga que cualquier video cable del interior.
Al iniciar su gestión, el actual presidente prometió «una mejora sustancial en el servicio». La realidad: En 2018 pidieron su desconexión del servicio unos 7.900 clientes de telefonía y más de 9.000 de Internet. En 2007, la administración de entonces decía tener en servicio 328.000 líneas. Doce años más tarde, su planta no superaba las 280.000.
COPACO está muerta pero nadie se lo ha hecho saber.
Y por supuesto, este largo y carísimo funeral lo pagamos todos.
