Los promotores del proyecto no pudieron ofrecer ningún argumento nuevo, sólo repetidos discursos setentistas de la «lucha por la tierra».
ASUNCION, 11-11-2021 (Chaco 4.0) — Los discursos grandilocuentes y efectistas de los senadores Richer, Rodriguez, Pereira, Filizzola y demás impulsores del proyecto para expropiar Agroganadera Pindó cayeron una vez más ante los argumentos jurídicos de senadores que salieron al paso de la iniciativa.
Particularmente efectivas fueron las intervenciones del senador Fernando Silva Facetti quien argumentó que el origen de las tierras en cuestión es legítimo pues se trata de una permuta pactada entre el Estado paraguayo y los propietarios, todo acordado a la luz del Codigo de Velez Sarsfield y del estatuto que rige al INDERT como administrador de las tierras públicas.
También fue contundente la participación de la senadora Georgia Arrúa, quien punto por punto desmontó las imputaciones hechas por los senadores Richer y Pereira, recordando que ninguna propiedad puede ser sometida a expropiación si previamente fue invadida por ocupantes ilegales, tanto pacífica como violentamente.
A su tiempo, el senador Enrique Riera relativizó el valor del informe Verdad y Justicia que cita a propietarios rurales que se hicieron de tierras en la epoca de la dictadura estronista, informe entre cuyos redactores se encuentra su propio padre, ya desaparecido.
Riera puntualizó que el documento incluye una cláusula que obliga a otorgarle el caracter de tierra malhabida si se comprobare que «las adjudicaciones y el otorgamiento de los títulos de propiedad no se han hecho conforme a las leyes que rigen la materia o no han reunido los presupuestos legales requeridos vigentes al momento de las concesiones de referencia. Pero, puntualizó Riera, esas condiciones deben ser probadas por la justicia» (Informe Final CVJ – Anive haguá oikó).
En un momento del debate, el senador Richer admitió que en la finca ocupada podría haber plantaciones de marihuana, pero invitó a «no ser hipocritas» ya que hay establecimientos agroganaderos, afirmó, en los que también se planta marihuana.
«LATIFUNDIO IMPRODUCTIVO» — La finca que se pretendió expropiar pertenece a la Agroganadera Pindó S.A. y está ubicado en el departamento de Canindeyú, con una extensión de unas 5.000 hectáreas. Los proyectistas alegaron que se trata de un «latifundio improductivo». Pero en su exposición, la senadora Arrúa describió punto por punto el caracter del establecimiento, con cultivos mecanizados, campos de pastoreo, reserva forestal y gran infraestructura de apoyo. Por lo tanto, la finca no reúne los prerrequisitos que justificarían su expropiación.
En cambio, sí está comprobado que la reserva forestal es permanentemente depredada, los rollos de madera de alto valor son procesados en un aserradero ilegal y en los manchones resultantes de esa depredación se planta marihuana. El senador Riera fue enfático cuando expresó que los invasores atropellan la propiedad, talan los arboles pero de ahí en más, los que se benefician con la venta de la madera no son ellos sino los dirigentes que han profesionalizado la invasión, facturan grandes negocios y van de una finca a otra como mangas de langostas.
La senadora Arrúa recordó, a su tiempo, que el lider de la invasión de Pindó tiene antecedentes penales por supuesto homicidio y por protagonizar otros atropellos a propiedades rurales en distintos puntos del país.
El elenco estable de senadores que apoyan las invasiones no logró superar su cota máxima de 11 votos, cayendo ante los 22 que mandaron el proyecto directo al archivo. Hubo también una inusual lista de 13 ausentes muchos de los cuales -Monges, Galaverna, Samaniego- asistieron a gran parte de la plenaria pero luego se ausentaron a la hora de la votación, que fue nominal.
