El proyecto lleva la firma del senador Pedro Santa Cruz. Los datos incluidos en los considerandos son increíblemente erróneos.
ASUNCION, 18-04-2020 (Chaco 4.0) – La intención de imponer a la producción de soja nuevos tributos llevó al senador Pedro Santacruz a firmar un proyecto de ley con el que se fijarían nuevos márgenes de tributación a la renta obtenida con la producción, comercialización y exportación de soja.
Su artículo numero 1 establece un impuesto del 10 % sobre la renta neta para las actividades previstas en el Art. 1 de la Ley 6380/19. En el segundo ítem fija un 18 % sobre la renta neta que provengan de actividades relacionadas a la producción, comercialización y exportación de soja en granos en estado natural, a ser aplicadas a las empresas que estén por encima del rango de medianas y pequeñas empresas.
El proyecto de ley no se aparta de otros similares con los que habitualmente sorprenden los legisladores. El caso es que este último, como los anteriores, basa su justificación en una serie de considerandos por completo disparatados y sin fundamento alguno.
Veamos algunos de ellos:
PRIMERA FALACIA: “El 80% del suelo cultivable de Paraguay está sembrado de soja”.
La verdad: Si eso fuera cierto, la superficie sembrada con soja en el Paraguay debería alcanzar las 12.800.000 hectáreas y la producción rozaría las 41.000.000 de toneladas. Pero la realidad es otra. La cantidad de tierras con aptitud agrícola del país alcanza las 16.043.192 hectáreas (Censo MAG 2008). La campaña 2019-2020 recién terminada cubrió 3.500.000 hectáreas, es decir, el 21,8% de las tierras agrícolas y apenas el 8,7% de la superficie total del país.
SEGUNDA FALACIA: “El 71,3% de esos mismos terrenos están controlados por el 1% de los terratenientes del país”.
La verdad: La producción de soja se distribuye entre mas de 30.000 productores, con un detalle para nada menor: en el último lustro, el 27% son productores con fincas de menos de 20 hectáreas. Son los mismos que, al quebrar la cadena de valor del algodón en los ’90, fueron migrando hacia la soja, el maíz y el sésamo. La soja no expulsa agricultores, los incorpora a un negocio con mercado asegurado.
TERCERA FALACIA: “Contaminación y colmatación de los recursos hídricos, agotamiento de los suelos agrícolas, disminución de la biodiversidad”.
La verdad: El Paraguay entró hace tres décadas en el sistema de siembra directa (SSD) que se funda en cuatro pilares: Eliminación del arado, cobertura permanente del suelo, rotación de cultivos y manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas. La agricultura paraguaya es modelo a escala mundial y está a nivel de Brasil y Argentina. El SSD asegura la salud del suelo, previene la erosión y garantiza la biodiversidad. Esto está probado en numerosos foros internacionales sobre producción sustentable.
CUARTA FALACIA: “Existen en diversos países y en nuestro país estudios científicos que demuestran graves daños a la salud humana atribuidos al uso de agrotóxicos en los grandes cultivos de soja”.
La verdad:
- En 2010, los doctores Stela Benítez Leite y Ramón Corvalán publicaron un supuesto estudio científico titulado “Relación entre la exposición de los padres a plaguicidas y malformaciones congénitas en el neonato”. El documento –disponible en internet, basta con guglear el titulo- está lleno de definiciones tales como “cultura de la paz”, “lucha por la tierra», «combate al agronegocio”, “criminalización de la protesta social”, “límites morales del mercado”, etc. pero no hay un solo dato o conclusión científica que pruebe el enunciado del pretendido estudio científico.
- En noviembre de 2009 la entonces ministra de Salud Esperanza Martínez, hoy senadora, aseguró que productores de soja de Itakyry, Alto Paraná, habían fumigado con “agrotóxicos” asentamientos indígenas y que hubo muchos intoxicados. Un mes después, el médico forense y la fiscalía de CdE que recibieron la denuncia concluyeron que tales intoxicados no existieron y que en el hospital local sólo habían sido tratados varios nativos por desnutrición. La ministra jamás admitió su equivocación.
- En otra presentación ante el Congreso con vistas a fijar un impuesto a la producción de soja, la misma senadora Martínez afirma que en el Paraguay se usan agrotóxicos como el Endosulfan. Ya sea por malevolencia o simple ignorancia, la senadora pasó por alto que el Endosulfán está prohibido en el Paraguay desde 2010.