Más de la mitad de las fincas rurales de menos de 50 hectáreas carecen de título definitivo o están ocupadas de hecho.
ASUNCIÓN, 18-03-2024 (Chaco 4.0) – El Gobierno acaba de aceptar una donación de US$ 10 millones de la Unión Europea a fin de aplicar esos fondos a un supuesto perfeccionamiento del sistema de trazabilidad que permita ajustar las exportaciones paraguayas de carne y soja a las exigencias del Reglamento 1115/23 que entrará en vigencia el 1 de enero de 2025.
Este es un claro ejemplo de cómo se pone el carro delante del caballo. Según el último censo agropecuario de 2022, de 291.497 fincas agropecuarias, sólo el 55%, es decir 160.273, tenían título definitivo. Esto significa que más de 130.000 carecen de título, están arrendadas o simplemente ocupadas.
PURAS UTOPIAS – En semejantes condiciones de precariedad documental, determinar la trazabilidad de un producto procedente de alguna de estas fincas menores de 50 hectáreas, es una utopía. Veamos.
La trazabilidad de un producto implica que debe ser posible rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la producción, consumo y eliminación de sus derivados, pasos que permitirían determinar cuándo fue producido el bien en cuestión (carne bovina o soja en nuestro caso), dónde y por quién o quiénes. La R-1115/23 no se limita a exigir de qué finca procede por ejemplo la soja sino que debe especificar también la parcela en la cual fue producida. Esto complica mucho más las cosas porque para cumplir el requisito, el agricultor debe tener diferenciado cada polígono productivo que al comisariato de la UE le permita dictaminar si esa tierra fue deforestada en fecha reciente para ser cultivada.
En un país en donde la mitad de las fincas rurales de menos de 50 hectáreas carecen de título definitivo, pedir que cada finca y cada parcela integrante de esa finca tengan georreferenciamiento es tan utópico que resulta incomprensible que el gobierno no haya tomado conciencia del fenomenal embrollo que esto significa antes de aceptar los US$ 10 millones en forma tan alegre y ligera. Como todo donante, la UE querrá saber qué se logró con su aporte no reembolsable o si se trata de otro cuento chino más.
INTERVENCIONISMO – Todos los emisarios de la UE, a su tiempo, han asegurado al Gobierno que su reglamento respeta la legislación nacional que regula todo lo relativo al medio ambiente y la producción sostenible. De hecho, la super ley expresa que “no se introducirán en el mercado, comercializarán ni exportarán materias primas pertinentes y productos pertinentes, excepto si se cumplen todas las condiciones siguientes: a) que estén libres de deforestación; b) que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción…”
Sin embargo en el artículo 30 referido a la cooperación con terceros países, dice a la letra: “La Comisión, en nombre de la Unión y de los Estados miembros interesados, apoyarán o iniciarán un diálogo inclusivo y participativo orientado a los procesos nacionales de reforma jurídica y de la gobernanza con el fin de mejorar la gobernanza forestal y de hacer frente a los factores nacionales que contribuyen a la deforestación”.
Si esto no es intervencionismo se le parece bastante.
