Es una amenaza directa para el campo expresaron los expertos Jorge Martínez y Alfredo Molinas frente a una audiencia de productores de Nueva Toledo.
ASUNCION — 27-01-2024 (Chaco 4.0) — “El Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea (UE) es una amenaza para el sector productivo del país, en especial para los pequeños productores que serán los más perjudicados si el Gobierno decide continuar con proyectos que encierran condicionantes que claramente buscan imponer normativas de la UE en suelo paraguayo”.
Esto lo sostienen el ingeniero agrónomo Alfredo S. Molinas en su carácter de asesor agroambiental y el biólogo Jorge Martinez, especialista en temas ambientales y de cambio climático.
Ambos expositores, que hablaron frente a una nutrida audiencia de productores reunidos en Nueva Toledo, Caaguazú, afirman que la citada reglamentación de la UE es una amenaza no por lo que exige –“y que puede hasta ser cumplible”- sino por el capítulo octavo que enmascara, en forma de “letra chica”, tres temas muy importantes, a saber:
- A más tardar el 30 de junio de 2024, la Comisión presentará una evaluación de impacto acompañada, en su caso, de una propuesta legislativa para ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para incluir otras superficies boscosas. La evaluación incluirá, entre otros elementos, la fecha límite con el fin de reducir al mínimo la contribución de la Unión a la conversión y degradación de los ecosistemas naturales. La revisión incluirá una evaluación del impacto de las materias primas pertinentes en la deforestación y la degradación forestal.
- A más tardar el 30 de junio de 2025, la Comisión presentará una evaluación de impacto acompañada, en su caso, de una propuesta legislativa para ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a otros ecosistemas naturales, incluidas tierras con elevadas reservas de carbono y con un alto valor en términos de biodiversidad, como praderas, turberas y humedales. La revisión también abordará la necesidad y viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a otras materias primas, incluido el maíz.
- A más tardar el 30 de junio de 2028 y posteriormente cada cinco años, la Comision realizará una revisión general del presente reglamento.
Estas tres condiciones citadas en el Reglamento N°1115 demuestran su carácter progresivo y advierten que los indicadores de cambio de uso de suelo y degradación serán revisados regularmente.
“El día de mañana -consideran Molinas y Martínez- podrían imponer límites al uso de fertilizantes, impuestos a los combustibles para el sector agropecuario, límites de emisiones de metano a la ganadería e inclusive podrían analizar las propiedades de siembra directa y dictaminarían en forma inapelable qué productores cumplen o no con los estándares de producción que ellos determinen unilateralmente”.
MAS ARBITRARIEDADES — En una reunión convocada por la representación de la UE en el Paraguay, se consultó si los datos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y del Instituto Forestal Nacional (INFONA) será información válida a la vista del Reglamento 1115. La respuesta del representante europeo fue que “se deberá analizar la robustez de los datos suministrados por ambas instituciones para determinar si son o no validos”. Este procedimiento regirá también para la información procedente de cualquier otra organización que genere datos y que puedan ser usados como fuente oficial para este reglamento.
Los expositores remarcaron la gravedad de este hecho, es decir, poner en duda la validez y vigencia de dos instituciones gubernamentales como fuentes de datos oficiales.
“Prácticamente -dicen Molinas y Martínez- ponen en un mismo nivel los datos oficiales del Gobierno y las encuestas o publicaciones que haga cualquier organización no gubernamental (ONG) que tienen un sesgo ideológico contra el campo y contra la economía de un país como Paraguay”.
Más adelante, los expositores advirtieron que el Gobierno debería revisar bien el proyecto de cooperación que desea suscribir con la UE a fin de priorizar los intereses del Paraguay por encima de los intereses de los cooperantes o financiadores.
“La discusión de si los productos son o no libres de deforestación -aseguran Molinas y Martínez- es la excusa ambiental para proteger su mercado y sus producto. Son auténticas trabas para arancelarias y un despliegue de proteccionismo frente al acuerdo de libre comercio que promueven el Mercosur y la UE.
