ARP, UIP y la CNCSP instan a diputados a rechazar ambas iniciativas por atentatorias contra el derecho privado.
ASUNCION, 09-10-2022 (Chaco 4.0) — “Nos oponemos a la intromisión en las relaciones contractuales que están regidas por el derecho privado so pretexto del mal desempeño de la producción de granos, acaecida tras la última sequía” manifiestan la Asociación Rural del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay.
De esta manera responden a la presentación de dos proyectos de ley, actualmente en estudio en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es suspender el pago de las regalías a las empresas desarrolladoras de granos de alta tecnología, así como cancelar multas establecidas para quienes, habiendo usado semilla patentada, se niegan al pago del canon correspondiente.
“En ese marco -sostienen los tres gremios firmantes del comunicado- se debe recordar que el sector de la agroindustria está igualmente afectado como el de la producción de granos, y que estos proyectos, además de la referida intromisión, representarán una desventaja desmedida para el sector que industrializa la materia prima, y cuyo desempeño se debería precautelar”.
SEGURIDAD JURIDICA EN PELIGRO — El pronunciamiento recuerda que “la seguridad jurídica que ha primado desde siempre en las relaciones contractuales entre productores, acopiadores, agroexportadores e industrializadores de los granos, es lo que ha permitido que incluso en el año de peor desempeño del sector, las partes hayan podido renegociar sus contratos con soluciones previstas dentro de los mismos acuerdos”.
Y afirman: “Mal podrían ahora estos proyectos en referencia tratar de incidir en esos tratos, sin afectar la seguridad jurídica en torno a todo el sector del agro en Paraguay, el cual sustenta gran parte de la economía”.
Finalmente, los referentes de los sectores ganadero, industrial y de servicios exhortan a los legisladores a “rechazar ambos proyectos, que, como ya manifestamos, afectan relaciones contractuales de carácter privado, interfiriendo incluso en los derechos de propiedad intelectual de una de las partes, afectando la seguridad jurídica y el clima de negocios, muy necesarios para la recuperación económica del país”.
