En el Paraguay, se lo considera un instrumento al servicio de la intromisión extranjera en asuntos de soberanía política y económica.
ASUNCION, 06-09-2023 (Chaco 4.0) — “Hay una población que se ha sentido golpeada o excluida con los avances conservacionistas de administraciones anteriores”.
Quien así se expresa es Franz Tattenbach, Ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, en una extensa entrevista concedida a El País de Madrid. Su posición contraria a la ratificación del denominado Acuerdo de Escazú, la ciudad costarricense donde se firmó en 2018, ha desconcertado a muchos grupos ambientalistas que lo consideraban decididamente partidario de su ratificación.
“No lo vamos a ratificar simplemente porque se llame Acuerdo de Escazú -confió al matutino madrileño-. Costa Rica tiene ya una legislación ambiental y de derechos humanos suficientemente amplia. El acuerdo de Escazú es visto por muchos sectores como innecesario”. De los 25 países firmantes iniciales del acuerdo, solo 13 lo han ratificado. Paraguay no figura entre estos ultimos.
El proyecto de ley que pedía la ratificación del acuerdo fue retirado por el Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2019. Sin embargo, los senadores Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez y Jorge Querey plantearon en 2020 al Senado que solicite al Poder Ejecutivo una nueva remisión del tratado al Congreso para intentar su ratificación. Hasta hoy, el planteo sigue congelado en las comisiones asesoras.
ALGO MAS QUE TURISMO — Tattenbach se resiste quedar estancados en una imagen país que sólo beneficia al turismo sino que sus efectos deben extenderse a todos los sectores productivos.
“Costa Rica no puede seguir siendo la primorosa, la de imagen verde, la democrática, la bien educada, la virtuosa, si no tenemos el cariño de nuestros socios comerciales. Nuestros recursos propios son muy pocos, vapuleados por la pandemioa con la caída abrupta del turismo, además de las políticas de austeridad fiscal” refiere Tattenbach.
Finalmente, consultado por El País sobre si el acuerdo es considerado innecesario o inconveniente, el ministro no tuvo empacho en responder que el actual gobierno de Costa Rica lo considera inconveniente. Y fundamenta dicha posición categórica.
“Es que puede trabar mucho más los proyectos de inversión, en especial carreteras. Ya nos cuesta movernos aquí en el país con los temas que tenemos como para abrir una ventana más… vemos que hay suficiente legislación y suficiente protección a los derechos humanos como para estar en ese Acuerdo».
Y remachó: «Yo sugiero que le cambien de nombre, si quieren”.
POR QUE NOS OPONEMOS – En su momento, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) pidió el retiro de este proyecto de ley del Congreso y sugirió al Gobierno “que futuros convenios sean analizados con una visión y abordaje multiinstitucional, considerando los aspectos no sólo ambientales, sino el impacto en los aspectos económicos y comerciales, ya que la sostenibilidad se basa en tres pilares: lo ambiental, lo social y lo económico”.
Las razones:
EN LO COMERCIAL: El Acuerdo incorpora el principio precautorio, que al igual que en otros acuerdos similares –como el de Cartagena- puede tornarse en una barrera para-arancelaria al no requerir su aplicación una base científica justificada. Eso pondría el riesgo exportaciones agropecuarias por US$ 6.000 millones (dólar de 2029). Bastaría el informe de una oenegé ambientalista para bloquear toda una cadena productiva.
EN LO AMBIENTAL: El Acuerdo conecta temas ambientales con temas de derechos humanos permitiendo, sin apelación alguna, que grupos que los promueven y defienden puedan incidir en asuntos ambientales. Con este acuerdo estaríamos sujetos a leyes internacionales perdiendo soberanía nacional e incluso nos dejaría expuestos a sanciones económicas internacionales.
EN LO JURIDICO: El Acuerdo viola el principio del derecho internacional “de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, de la no injerencia en los asuntos internos de los estados”.
REFLEXION FINAL:
- El Acuerdo es jurídicamente vinculante y no permite reservas por lo que el país estaría sujeto a decisiones externas sin poder oponer reparos.
- Da respaldo legal a cualquier intromisión en procesos de toma de decisiones ambientales, con lo que, nuevamente, grupos locales que cuenten con apoyo y financiación de entidades extranjeras puedan accionar contra el Estado por encima de las decisiones tomadas con base científica por las instituciones competentes.
