Quebrando el principio de proporcionalidad, la protesta de los camioneros pierde legitimidad.
ASUNCION, 17-04-2022 (Chaco 4.0) — “…Los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional…” dice el artículo 41 de la Constitución de la República del Paraguay.
Sólo el poder público, y con causa fundamentada, puede limitar ese derecho.
Tan es así que el Paraguay ha firmado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos -aprobado por los países integrantes de las Naciones Unidas- que dispone que nadie podrá ser restringido en su derecho a circular libremente por el territorio nacional, a no ser por causas previstas en la ley y consideradas necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos por las leyes y los convenios internacionales.
Es tan básica esta libertad que está comprendida dentro de la primera generación de derechos humanos asentada claramente en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
La letra y el espíritu de esta declaración son tomados en su totalidad por la Constitución que nos rige.
PROPORCIONALIDAD – Lo queestamos viendo en estos días es una serie de atentados contra la República perpetrados por personas que, alegando el derecho a la protesta pública, atraviesan vehículos en rutas, autopistas y avenidas cortando brutalmente la circulación. Además, hacen pública apología de la violación de las leyes con declaraciones altisonantes y advirtiendo que tales medidas de extorsión continuarán mientras se les antoje.
Y aquí hay que hacer una acotación sobre el desmadre institucional que está causando esta actitud prepotente.
El paro o la huelga son recursos coercitivos admitidos por la legislación vigente para reclamar derechos legítimos.
¿Cuál es su naturaleza?
Con una huelga, los trabajadores buscan producir un daño calculado a la empresa en que trabajan a fin de obligar a sus directivos a mejorar el salario o las condiciones de trabajo. Ambos protagonistas arriesgan pérdidas específicas. Los trabajadores, días de salario caído. La empresa, pérdidas por menor producción y lucro cesante. Hay proporcionalidad.
Pero, ¿qué pretenden los camioneros con su amenaza de bloquear la circulación en todo el país? ¿A quien quieren sentar a la mesa de negociaciones? ¿A los jeques árabes productores de petróleo, a los monopolios de los combustibles, a quién?
Su objetivo puede ser legítimo pero el método es ilegal, irracional y atentatorio contra la República. Es chantaje y extorsión al mismo tiempo. Son unos cuantos movilizados (¿cien, mil, diez mil?) dispuestos a producir el máximo daño posible a 7 millones de habitantes. El 0,1% tomando de rehén al 99,9% provocándole un infarto masivo al sistema circulatorio de la economía, de la seguridad y de la vida social de un país.
Quebrando el principio de proporcionalidad, la protesta de los camioneros pierde legitimidad.
El poder público debe, con todas sus herramientas legales, intervenir de inmediato. O el daño producido al país será inconmensurable y la propia República estará en peligro.
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Presidente de la UGP en ABC Rural:
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