Colonias Unidas insta dar un voto de confianza al Estado de Derecho y erradicar el clima de hostilidad e incertidumbre.
ASUNCION, 01-09-2021 (Chaco 4.0) – Veintidós distritos agrupados en la Asociación de Municipalidades del Alto Paraná (AMUALPA), juntas municipales de otros departamentos y gremios de productores agropecuarios están cerrando filas tras el proyecto de ley que apunta a elevar hasta a 10 años la pena carcelaria para el delito de invasión de propiedad privada.
Hay una concentrada coincidencia de argumentos en apoyo al proyecto que busca modificar, en el Código Penal, las penas carcelarias para quienes sean encontrados culpables de invadir propiedades ajenas, llevándolas a un mínimo de seis y un máximo de 10 años.
POLITICOS INESCRUPULOSOS – El pronunciamiento de AMUALPA dice en uno de sus párrafos:
“Es sumamente preocupante el incremento de las invasiones de propiedades privadas con el argumento de que cada paraguayo tiene derecho de poseer un pedazo de tierra. En la mayoría de los casos utilizan la fuerza para el ingreso con la ayuda de políticos inescrupulosos que se benefician a espaladas de los más humildes conciudadanos, que permanecen en las tierras ocupadas ilegalmente, amedrentando a propietarios, trabajadores e incluso autoridades, sin tener conocimiento de que el Estatuto Agrario, reza que los invasores no pueden ser beneficiarios de parcelas de propiedades del Estado paraguayo si han protagonizado alguna ocupación violenta de propiedad privada”.
Luego añade: “Para mantener su pesada estructura, el Poder Judicial y los organismos auxiliares necesitan herramientas legales más claras y severas para sancionar a los invasores y sus instigadores actuando en defensa de todas las personas de bien que día a día se dedican a la labores que implican las diferentes actividades del campo, que con trabajo y esfuerzo aportan para el engrandecimiento de nuestro querido Paraguay”.
HOSTILIDAD E INCERTIDUMBRE – Por su parte, el Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas considera que “la invasión de inmuebles solamente genera un ambiente hostil, cargado de incertidumbre y caldo de cultivo para los que ejercen la política al margen de la ley…”.
Luego estima que esta forma de operar “al final de cuentas perjudica a ambas partes, interrumpiendo el ciclo productivo sin llegarse a discutir el fondo de la cuestión, que es determinar quién es el legítimo propietario del inmueble en cuestión”.
Finalmente, los productores itapuenses “instan a los senadores, fuera de toda ideología política, a dar su voto de confianza al Estado de Derecho garantizado por la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada y vela por la seguridad jurídica tanto de los particulares como de las instituciones”.
