El proyecto está en línea con el acuerdo firmado por el reelecto Oscar Salomón con la «Unidad Campesina, Indígena y Popular» en octubre de 2020.
ASUNCION, 23-06-2021 (Chaco 4.0) – Cinco agrupaciones de medios de la producción, la industria, el comercio y los servicios piden al Senado el rechazo del proyecto de ley a ser estudiado este jueves 24 por considerarlo “violatorio de los principios y normas que sustentan la República”, al aprobar una norma que sería “nociva para el país y no solo es inadmisible por su clara improcedencia, sino que también contradice o contrasta derechos y garantías establecidas en la ley fundamental de la República, pretendiendo otorgar legalidad a hechos ilícitos y punibles como ocupaciones o invasiones de propiedades”.
“Nuestra carta magna establece -afirman los gremios- el mandato legal de la inviolabilidad de toda propiedad” ya que “la propiedad se encuentra entre los derechos individuales protegidos con mayor intensidad por el constitucionalismo”.
IMPROCEDENTES Y VIOLATORIOS – El proyecto de ley se propone ampliar el artículo 142 del Codigo Penal en lo relativo a la “invasión de inmueble ajeno”. Los dos artículos de referencia establecerían, de aprobarse el proyecto, lo siguiente:
- No configurará hecho punible de invasión de inmueble ajeno cuando la misma haya trascurrido 6 meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las acciones posesorias o reales que correspondan ante el fuero civil y comercial.
- Durante Ia sustanciación de dichas acciones, no serán ordenadas restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los mismos, hasta tanto sea dictada resolución judicial sobre la procedencia del derecho invocado.
La nota remitida por los gremios agrega: “Alentamos al plenario de la Honorable Cámara de Senadores a dimensionar el efecto pernicioso que generaría la aprobación y sanción del proyecto de referencia, ya que tiene normas claramente inconstitucionales, violatorias del marco legal de inviolabilidad de la propiedad privada”.
EN LINEA CON ACUERDO 2020 — A modo de antecedente, cabe señalar que el reelecto presidente de la Cámara, Oscar Salomón, firmó en octubre de 2020 con la autodenominada Unidad Campesina, Indígena y Popular, un «memorandum» cuyo artículo 6 planteaba:
«El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del Indert se comprometen a hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso”.
El proyecto cuyo rechazo exigen los gremios va exactamente en línea con este acuerdo, en cuyos considerandos se lee lo siguiente:
“Pasamos hambre, enfermedad, marginación, sacrificio, preocupación y sufrimiento, soportando una ofensiva feroz de parte de gobiernos antipopulares producto de un modelo que opera como una democracia para ricos, que quita las tierras, el trabajo, la salud y la educación al pueblo, en beneficio de las grandes transnacionales y en perjuicio de las grandes mayorías empobrecidas”.
Para moderar esa situación, las organizaciones exigen reasignar US$ 25.000.000 destinados a obras públicas para entregarlos a la agricultura familiar campesina, fondos a los que se deberán agregar, también, otros US$ 5.000.000 disponibles en el MAG.
