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Mientras, la presidenta del ente se dedica a «levantar el ánimo a los funcionarios». ¿Para eso le pagan?
Por Cristian Nielsen — Editor
Parece que la gente está muy estresada en el Indert, el organismo dedicado a la reforma agraria y el desarrollo rural, al punto que su presidenta tiene entre sus tareas primordiales “levantar el ánimo de los funcionarios”. Independientemente de la asistencia espiritual que necesite su personal, al Indert le ha tomado 18 años, 485 funcionarios y más de 50.000 millones de guaraníes -casi todo para salarios de gente que ya está en planilla- saber que sólo el 12% de los lotes repartidos en reforma agraria tienen título definitivo, que apenas el 4,5% de los usuarios de dicha tierra ha recibido alguna asistencia técnica y crediticia del Estado y que ni la mitad de los lotes tiene alguna forma de cultivo, estando los demás abandonados. Son cifras de desastre para un organismo que a lo largo de siete décadas repartió 3.286.975 hectáreas agrupadas en 1.018 colonias y 227.000 lotes.
Para tener una idea de la ineficiencia y corrupción que mina al Indert -hechos que vienen de los días del IRA y el IBR-, en mayo de 1998 la Corte Suprema de Justicia emitió la acordada N° 84 que obliga a presentar un plano suscripto por profesional competente al momento de titular tierras en las Oficinas de Registros de Inmuebles, trámite reglamentado por la Dirección General de los Registros Públicos. Pues bien, el Indert se jactaba, en mayo de 2015 -17 años después de regir la acordada- como “un hecho relevante e histórico que luego de varias décadas se haya presentado al Servicio Nacional de Catastro el primer plano completo de una colonia dando cumplimiento a la acordada de la CSJ 84/98”. Cualquiera hubiera tratado de esconder este bochorno institucional, pero en el Indert es timbre de orgullo, un poco enfermo, pero orgullo al fin. Hace más de setenta años que el Indert se pasa el tiempo contando lotes y censando ocupantes. Se han escrito montañas de informes y se han pagado millones de dólares en consultorías inservibles. En 2012 se intentó un plan de regularización jurídica de la tenencia de la tierra. Seis meses y Gs.7.500 millones después se rescindió el contrato con la empresa ejecutora, una tal ADEPO, sin tener los resultados del trabajo. Plata tirada a la basura.
Con semejante record histórico de ineficiencia, no ha de ser la sobrecarga de trabajo lo que estresa a la gente del Indert.
¿Qué los estresa tanto?
Publicado en El Independiente
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