Todo lo que logrará Abdo Benítez es dar vía libre a una asociación ilícita dedicada al robo de madera y al cultivo, procesamiento y tráfico de marihuana
ASUNCION, 28-12-2020 (Chaco 4.0) — Si el Presidente Mario Abdo Benítez promulga la ley aprobada por el Congreso desafectando del dominio estatal (MADES) las 1.748 hectáreas vulgarmente conocidas bajo el mote “Marina Cue”, estaría incurriendo en causales de juicio político por mal desempeño de sus funciones.
Primero, es una tierra puesta bajo la protección de la Ley Nº 5.530 que la transfirió a título gratuito a favor de la Secretaría del Ambiente (hoy ministerio). El inmueble figura como Finca N° 30 en el padrón N° 61 del registro público, y está ubicado en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. La misma ley declara esas 1.748 hectáreas como área silvestre protegida bajo dominio público a perpetuidad, con la categoría de manejo de reserva científica de estricta protección y la denominación de Reserva Científica Yberá.
Como si eso no bastara, sobre dichas tierras pesa un planteo de inconstitucionalidad por la organización denominada Articulación por Curuguaty en la cual se agrupan quienes aspiran a ocupar la propiedad en caso de que la ley se promulgue y quede bajo el dominio del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
Tercero, en esas tierras, mientras fueron propiedad de la firma Campos Morombi, se registraron numerosos incidentes a partir de la invasión realizada por supuestos sintierras quienes, permanentemente “asesorados” por senadores y diputados, alegan que sus propietarios eran irregulares ya que se trataba de tierras de la Armada Nacional donadas por La Industrial Paraguaya. Sin embrgo, como quedaría probado, esa posesión jamás se protocolizó por lo que la Armada nunca tuvo dominio sobre las mismas.
SITIO ABANDONADO – El Gobierno prácticamente ha abandonado esas tierras desde que le fueron transferidas en carácter de donación. El MADES ha sido absolutamente incapaz de impedir la salvaje depredación a que está siendo sometido el resto del bosque Atlántico que queda en las 1.748 hectáreas. Verdaderas procesiones de ladrones de madera tumban árboles centenarios y los llevan a aserraderos ilegales instalados en el mismo terreno.
Al mismo tiempo, mientras van cayendo los árboles de valor, se siembran enormes extensiones de marihuana. Varias intervenciones de la SENAD han sido infructuosas para detener ese trafico de la hierba que sale por toneladas rumbo a los mercados brasileño y argentino.
Así que lo que va a autorizar el Presidente Abdo es que siga funcionando una maquinaria de robo de madera y tráfico de marihuana bajo el ropaje de reforma agraria, con el INDERT como administrador de este absoluto despropósito.
