Senadores arremeten con un abstruso proyecto de ley para emitir bonos destinados a la Agricultura Familiar Campesina.
El proyecto de ley se titula «que establece medidas de impulso a la inversión, a través de obras públicas y de programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina, en el marco de la recuperación económica por los efectos causados por la pandemia Convid 19».
El proyecto propone autorizar al Ministerio de Hacienda, a emitir Bonos del Tesoro Público en el mercado local y/o internacional por G. 399.000.000.000 que al cambio actual suma US$ 57.000.000. Eso significa que el Estado paraguayo agregará esa cantidad a su actual deuda externa.
El proyecto presenta dos «curiosidades», por definirlas de alguna manera.
1- PIDE MÁS DINERO para rutas que ya han sido licitadas, adjudicadas y que ya cuentan con asignación de partidas presupuestarias. La lista es interminable, un verdadero laberinto de rutas, puentes, alcantarillados, defensas costeras y obras complementarias que el MOPC evidentemente ya maneja. Ahí van unos simples ejemplos:
2- PÍDE MAS DINERO para apoyar a la agricultura familiar campesina que ya tiene un financiamiento en curso del Banco Mundial. En mayo pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 6286 cuyo titulo es “de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina”. El BM puso US$ 100 millones que deberán ser devueltos a un plazo de 31,5 años, con 8 de gracia y un interés variable.
Cabe señalar que este programa es el tercero de la serie bancada por el BM.
En 2009 se aprobó el préstamo BIRF 7503 –PA, dotado de US$ 46.738.290 para (sic) «mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y de comunidades indígenas en el área del Proyecto de una manera sostenible…»
A finales del año 2013 el Gobierno gestionó y obtuvo un préstamo adicional del Banco Mundial por un monto de US$ 100 millones, Convenio BIRF 8316-PY. ¿Objetivo? “mejorar la calidad de vida de pequeños productores y comunidades indígenas en el área del Proyecto de manera sostenible, a través de medidas de apoyo que permitan fortalecer su organización comunitaria, la autogestión, así como la inserción al mercado y a cadenas de valor…»
De modo que el programa de AFC ya ha recibido US$ 246 millones. Ahora se piden US$ 57 millones más. No sabemos que desarrollo ha alcanzado la AFC pero lo que sí ha crecido en forma exponencial es la burocracia ministerial. Entre otras cosas, toda esa montaña de dinero mantiene una cada vez más compleja maraña ministerial.
- Viceministerio de la Agricultura Familiar Campesina: autoridad de aplicación de la ley y dará participación a todas las instancias institucionales del Estado y a los sectores involucrados en la materia a fin de que coadyuven al cumplimiento de las finalidades previstas en esta ley.
- Sistema de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina: destinado a (sic) el/la agricultor/a y a la agricultura familiar y a pequeñas empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y agroindustrias artesanales en el medio rural, conforme los alcances que se establecen en la presente ley.
- Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF): emitirá a los beneficiarios un certificado en el que conste que se halla registrado en el mismo, y su expedición se realizará con la colaboración de los gobiernos departamentales y municipales de acuerdo a lo que establecen sus Leyes orgánicas.
- Consejo Interinstitucional de la Agricultura Familiar Campesina: tendrá como objetivo representar a las organizaciones campesinas e indígenas, cooperativas y asociaciones de la Agricultura Familiar Campesina en el proceso de toma de decisiones acerca de la implementación de esta normativa y de los proyectos a ser ejecutados conjuntamente con los organismos ministeriales competentes.
- Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
- Proyecto Mejoramiento de la Inserción en los Mercados de los Productores Agrarios Organizados y Comunidades Indígenas de la Región Oriental (PIMA).
MARCANDO LA CANCHA AL GOBIERNO — Una tercera característica de este proyecto de ley, que lleva la firma de los senadores Mirtha Gusinky y Fernando Lugo, es que le marca la cancha al Gobierno al establecer lo siguiente: «Los proyectos a ser financiados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), serán conforme al listado establecido en los Anexos que forman parte de la presente ley. Los recursos asignados sólo podrán ser utilizados para los fines establecidos en esta ley».
