Acuerdo del senador Salomón con varias organizaciones otorgaría protección “legal” a un delito de acción penal pública.
ASUNCION, 19-10-2020 (Chaco 4.0) – Según el “acuerdo de compromiso” firmado con la autodenominada Unidad Campesina, Indígena y Popular, el senador Oscar Salomón, y otros referentes del Gobierno, se comprometieron a llevar adelante un memorándum de 10 puntos que van desde la disponibilidad de fondos públicos hasta la prohibición de ejecutar desalojos de propiedades invadidas con cualquier argumento.
El punto seis del memorándum establece lo siguiente:
“Por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del Indert (se comprometen) a hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso”.
La gravedad de este punto, en caso de no mediar un desmentido público de quienes habrían firmado el compromiso a nombre de dos poderes del Estado, radica en que la justicia y su brazo armado quedarían imposibilitados de desalojar a usurpadores e invasores, aún cuando el propietario cuente con todos los documentos que acrediten su calidad de tal. Basta que un grupo cualquiera atropelle una finca, denuncie a su propietario por supuesta posesión ilegal –el término más recurrido es “tierra malhabida”- se instalen en ella e invoquen este “acuerdo de compromiso” para eternizar el atropello y paralizar toda actividad productiva, industrial, comercial o de cualquier naturaleza.
ARGENTINÍSIMA 2.020 – El citado “acuerdo de compromiso” tiene un inconfundible tufillo made in Argentina en toda su extensión. La referencia más cercana es la ley hecha aprobar por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ultra kirchnerista Axel Kiccilof, que ha congelado todos los desalojos de terrenos usurpados en una provincia que desborda de atropellos algunos de los cuales superan toda imaginación.
La ley 15.172 dice, en su parte dispositiva: “Suspéndanse, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle…”.
En esta ley se respaldan jueces, fiscales y policías provinciales para demorar “sine die” el desalojo de una de las invasiones más grandes y complicadas conocida como la “toma de Guernica”, una propiedad de 100 hectáreas ubicada en el conurbano bonaerense y de incalculable valor inmobiliario. Los invasores ocuparon terrenos de propiedad privada, instalando casillas construidas con cualquier material que casi ninguno de ellos habita. El desalojo, en principio ordenado por un juez, está siendo indefinidamente postergado mientras los ocupantes anuncian que resistirán cualquier intento de ser arrojados de allí.
Poco después del atropello e invasión, comenzaron a salir avisos en las redes sociales vendiendo terrenos usurupados por los “ocupas”, que es como se los conoce en Argentina a los supuestos “sin tierras”.
¿Y EL CONGRESO? – El Congreso Nacional, y en especial la Cámara de Senadores, deberían investigar la consistencia de este “acuerdo de compromiso” firmado por el senador Salomón y las dos organizaciones que conforman la Unidad Campesina, Indígena y Popular, es decir, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), cuya orientación no deja lugar a dudas tras un pronunciamiento emitido en agosto pasado y que, entre otras cosas, denuncia:
“Pasamos hambre, enfermedad, marginación, sacrificio, preocupación y sufrimiento, soportando una ofensiva feroz de parte de gobiernos antipopulares producto de un modelo que opera como una democracia para ricos, que quita las tierras, el trabajo, la salud y la educación al pueblo, en beneficio de las grandes transnacionales y en perjuicio de las grandes mayorías empobrecidas”.
Las propuestas emitidas en esa ocasión abogan por “el acceso a créditos blandos, el seguro agrícola, la incorporación de tecnología agrícola y la rehabilitación financiera a través de la condonación de las deudas”.
Entre las acciones contenidas en el “acuerdo de compromiso”, las organizaciones exigen reasignar US$ 25.000.000 destinados a obras públicas a la agricultura familiar campesina, fondos a los que se deberán agregar, también, otros US$ 5.000.000 disponibles en el MAG.
