Un proyecto de ley que premia la piratería, la informalidad y que atenta contra el libre mercado dicen productores y desarrolladores. El MAG aconseja su rechazo.
ASUNCION, 17-09-2020 (Chaco 4.0) — “Estamos en contra de este proyecto porque va contra el libre mercado” argumentó Simona Cavazzutti, presidenta del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), durante la audiencia pública abierta por la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de ley “que exonera temporalmente la obligación del pago del canon para la entrega onerosa de granos de soja con tecnología genéticamente modificadas durante la zafra 2020/2021”.
En primer lugar, Cavazzutti puntualizó que el proyecto apunta a interponerse en un contrato privado, que es cuando el productor acuerda libremente con la empresa los términos de adquisición de semillas de alta genética.
“Si a mi no me convence el precio o no quiero pagarlo porque es muy alto, simplemente voy y compro otra semilla. Nadie me obliga a hacerlo” manifestó la presidenta de INBIO. Luego profundizó el concepto.
“No quiero pensar que lleguemos a regular el mercado. Me preocupa que el Estado quiera hacerlo, porque el mercado es libre y debe mantenerse libre” enfatizó Cavazzutti, quien se presentó no solamente como representante de INBIO sino también como productora y cooperativista.
NO VOLVER ATRÁS — “Si yo no puedo comprar una Ferrari, pues no la compro. Busco un auto más barato. Y si yo no quiero comprar una semilla cara no lo voy a hacer y nadie me puede obligar” expresó.
Cavazzutti remarcó el principio de libre mercado dentro del cual, un productor toma sus propias decisiones al igual que las empresas, que son soberanas para ponerle precio a sus productos.
La representante de INBIO relató que el instituto nació para que la biotecnología llegue al productor en forma ordenada. Calificó de retroceso el hecho de que se intente regular, por ley, la forma como las empresas comercializan sus productos.
“No quiero volver 20 años atrás –afirmó Cavazzutti- cuando los productores teníamos que comprar las semillas de contrabando de Argentina o Brasil porque aquí no había un mercado seguro. Estamos logrando ordenar el mercado y no qusiera que volvamos atrás y tengamos que preocuparnos, los productores, sobre cómo obtener semillas confiables”.
La representante de INBIO expresó, finalmente, que valora toda iniciativa dirigida a apoyar a los productores, haciendo la salvedad de que el proyecto debatido “tal vez no sea la mejor forma”.
“PROYECTO DESENFOCADO” – A su tiempo, Hector Cristaldo, representando a la Unión de Gremios de la Producción (UGP) calificó el proyecto de ley de “desenfocado que premia la informalidad y la piratería de tecnología”.
Cristaldo considera que tal como está redactado, el proyecto de ley apunta a dejar impunes a quienes piratean tecnología, en abierta violación de todos los convenios firmados por el país sobre la protección de derechos intelectuales.
En una presentación anterior, la UGP había argumentado que “una ley como la que se plantea en el proyecto en estudio, que interviene en la relación contractual entre terceros, puede desestimular a los dueños de patentes a incorporar su producto al mercado paraguayo y afectar la disponibilidad de estas tecnologías, cuyos lanzamientos para su utilización en el Paraguay están previstos a partir de 2021. Con el cambio de regla de juego planteado, el sector productivo quedaría sólo con la tecnología antigua al no disponer de la tecnología de punta, con la consiguiente pérdida de competitividad frente a otros países productores”.
EFECTOS NEGATIVOS – El Ministerio de Agricultura y Ganadería remitió a Diputados, siendo aún viceministro, su parecer técnico frente al proyecto en estudio.
En el documento, Santiago Bertoni considera que el proyecto “podría tener efectos sumamente negativos para los productores en cuanto al acceso a tecnologías de vanguardia con sus consecuencias en cuanto a la productividad”.
El dictamen expresa, además, que una ley que interviene una relación contractual entre terceros puede desalentar a las empresas propietarias y desarrolladoras a ofrecer sus productos en el mercado paraguayo, fomentando la inestabilidad jurídica e impidiendo el lanzamiento de las tecnologías de punta. Todo eso, estima el MAG, pondría en riesgo la competitividad de la agricultura paraguaya que quedaría rezagada frente a países competidores.
Por todas estas razones, el MAG aconseja el rechazo del proyecto de ley.
