Ocurrió en Argentina: Pobladores de Bariloche, hartos de que se atropellen sus propiedades, salieron a la calle a exigir seguridad.
Por Cristian Nielsen – Editor
El lugar de llama Villa Mascardi. Está ubicado a orillas del lago del mismo nombre, a 34 kilómetros de San Carlos de Bariloche. El miércoles 26, un vecino del lugar de nombre Diego Frutos denunció que por tercera vez, desconocidos enmascarados atacaron su casa a pedradas a la que luego prendieron fuego. Hizo un llamado público por WhatsApp en estos términos: “Gente, nos vinieron a apedrear. Esta vez va en serio el asunto. Alguien haga algo por favor, el que pueda hacer algo o llamar a alguien. Ya pedimos refuerzos. ¡Pero tenemos que hacer algo en serio, por favor!” (Infobae 27-08-2020).
La gente se conmovió y salió a protestar, exigiendo la detención y enjuiciamiento de los agresores. ¿Qué hizo el Gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner? Aunque suene a broma de mal gusto: abrió un proceso contra los manifestantes por “instigación a cometer delitos”, “apología del crimen” y “asociación ilícita”.
Si este proceso avanza se dará la paradoja, según los observatorios de violencia en Argentina, que mientras ninguno de los protagonistas de las agresiones, incendios, destrucción e invasión de propiedades ha sido identificado ni procesado, sí lo serán los ciudadanos que protestan exigiendo seguridad para la población y protección de la propiedad privada.
Es difícil de entender pero así de desquiciada está Argentina. La provincia de Rio Negro, con énfasis en el departamento de Bariloche, es tierra libre para todo tipo de desmanes, ataques, incendios e invasiones de tierras. Encabezan estas acciones algunos desprendimientos de la comunidad mapuche que, asociada a una organización chilena de la misma parcialidad, han declarado la guerra a los estados chileno y argentino.
Los habitantes de rio Negro en general y de la zona turística de los lagos en particular, viven un clima de creciente inseguridad. Como toda respuesta al permanente estado de alerta contra los ataques, el Gobierno federal abrió una “mesa de diálogo” sin resultado alguno. En cambio, la ministra de Seguridad argentina, ha acusado a muchos propietarios de no tener sus papeles en regla y ocupar de hecho terrenos regalados por la dictadura militar, sin especificar cual de ellas ya que Argentina padeció, desde 1955 hasta 1983, cuatro periodos de gobiernos militares de facto.
Un coctel peligroso: Un Gobierno inactivo frente a la permanente usurpación de propiedades, que acusa a los propietarios de posesión ilegal de sus tierras y que procesa a manifestantes pacíficos que exigen seguridad. Sólo falta que los Fernández cuelguen en la Casa Rosada una pancarta saludando la «valiente lucha mapuche».
Argentina en el horno.
