Este año, el bloque invertirá € 40.000 millones en subsidios para la agricultura, 7.500 millones de ellos para un fondo “de transición justa” hacia la “economía verde”.
Por Cristian Nielsen – Editor
ASUNCION, 06-07-2020 (Chaco 4.0) — ¿Han advertido que en la medida en que los países integrantes del Mercosur han ido elevando su competitividad en la producción agropecuaria con cumplimiento creciente de las normas ambientales, Europa las ha ido incrementando en forma proporcional?
Uno de los obstáculos principales para la colocación de productos de la región en Europa son las estrictas reglas ambientales adoptadas por la unión, cuya puesta en vigencia va asociada a una solapada política proteccionista.
Varias organizaciones no gubernamentales han estado presionando continuamente a los países integrantes de la UE a fin de que acentúen la aplicación de sus principios, funcionando como un brazo operativo de la política de “economía verde”. Ellas son las oenges Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que realizan permanentes campañas de opinión pública a fin de exigir a los países miembros el cumplimento de la normativa ambiental comunitaria.
FRANCIA, JUGADOR PESADO — Para asegurarse estos objetivos, la comunidad ha formado un fondo adicional denominado “de transición justa”, dotado con € 7.500 millones para este año. Sólo ocho de las 50 provincias españolas recibirán € 307 millones, a fin de que avancen en su evolución hacia la economía verde, “sin dejar a nadie atrás”.
Por su parte Francia, uno de los jugadores más pesados en el terreno proteccionista, presentó a comienzos de año un documento sobre la renovación de la Política Agraria Común en la UE-2020 en el que advierte que “la soberanía alimentaria es un elemento clave de la soberanía europea y la política agrícola común debe contribuir a lograr ese objetivo” agregando que “la nueva PAC deberá acompañar la transformación de los sectores agrícola, agroalimentario y forestal europeos en un mundo más competitivo por la globalización del comercio”.
En una iniciativa a la que se sumó Holanda, París planteó a la UE la idea de que “los instrumentos de política comercial pueden servir como mecanismo de aplicación de estándares internacionales medioambientales y laborales”. También exigen a la Comisión Europea que vigile las actividades de los países que tienen acceso comercial preferencial al mercado europeo, en especial los del Mercosur, con el que se ha protocolizado en primera instancia un acuerdo comercial, “el más importante de su historia en términos de intercambios comerciales y tamaño de los bloques firmantes”. Advierte además a la Comisión Europea que esté preparada para elevar aranceles como forma de castigo contra los gobiernos que no cumplan sus compromisos medioambientales.
Huelga decir que la UE oficiaría como severa auditora en la comprobación de tales hipotéticos incumplimientos.
MERCOSUR, LA AMENAZA — Los cuatro integrantes del Mercosur son una potencia agropecuaria en toda regla. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay concentran el 60% del comercio mundial de soja y derivados y el 25% de la carne vacuna. En maíz, el Mercosur duplica la producción de la UE y exporta 25 veces más.
La región viene adoptando desde hace tres décadas prácticas conservacionistas que no solo derivan en un mayor compromiso ambientalista sino que han permitido multiplicar varias veces los niveles de productividad.
La siembra directa, los abonos verdes, la rotación de cultivos y la incorporación creciente de biotecnología e investigación han permitido elevar la calidad de la producción, reducir el impacto ambiental y lograr rendimientos muy altos con menores costos de producción.
Esta es la verdadera amenaza para la Unión Europea: que el Mercosur esté en condiciones de ofrecer soja y derivados, carne bovina y de otras especies, maíz, biocombustibles y un largo ítem de productos agropecuarios a precios que los productores europeos no pueden igualar.
Por eso aplican gigantescos subsidios al sector agropecuario que este año sumarán € 40.000 millones para 10,5 millones de fincas con superficie promedio de 16 hectáreas.
La pelea de la UE no es con la productividad o la competencia internacional. Es contra sus insalvables costos de producción. Sin subsidios ni protección, la agropecuaria europea estaría fuera del mercado.
