Mejor que trabajar es fabricar problemas para vender soluciones.
Por Cristian Nielsen – Editor
Para una ponderable cantidad de burócratas del Estado elefantiásico, resulta mucho más fácil prohibir, cerrar y limitar que controlar en el marco de la ley.
A esta conclusión hay que llegar cuando se escucha decir a un fiscal ambiental que “se tiene que restringir un poco más, dar menos licencias, estudiar una ley de deforestación cero para el Chaco”. Sería como, guardando las distancias, prohibir el futbol para acabar con las infracciones.
En el caso del fiscal de Boquerón, su expresión “la tala de árboles y quema con intención de desmonte” equivale a ponerle la etiqueta de depredadores a todos los productores agropecuarios del Chaco.
A este tipo de personajes les molesta mucho que se les pregunte qué van a hacer para detener los incendios y las quemas en la región Occidental. Y les molesta porque no tienen una respuesta, dada su incapacidad manifiesta para cumplir acabadamente con la finalidad para la cual han sido nombrados, es decir, representar los intereses de la ciudadanía.
Y no es que falten instrumentos legales e institucionales que acompañen su tarea específica. Veamos.
Primero, está la ley forestal 422 que traza un marco detallado sobre uso del monte con fines económicos y el cambio de uso del suelo con fines agrícolas, estableciendo topes y dispositivos de conservación y seguridad.
Segundo, ¿acaso no están permitidas las quemas controladas? Sí, están permitidas. El artículo 2 de la ley 4.014 las autoriza, al establecer las quemas prescriptas, o sea, la técnica de encendido efectuada bajo condiciones tales que permiten suponer que el fuego se mantendrá dentro de un área determinada. De esa manera se eliminan los productos inaprovechables del desmonte, que son residuales.
Tercero, ¿acaso no hay una autoridad de aplicación de esta ley? Claro, son los municipios.
Cuarto, ¿están solos en esa tarea? En absoluto. La ley de manejo del fuego ha creado una unidad especializada llamada “Red paraguaya de prevención, monitoreo y control de incendios«, coordinada por la Universidad Nacional de Asunción, a través de las facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Exactas y Naturales junto con las instituciones públicas y privadas relacionadas con la materia.
Quinto, ¿hay sanciones para el infractor? Sí, multas de hasta Gs. 840 millones según las dimensiones de las quemas no autorizadas.
Entonces, existiendo la figura de las quemas prescriptas como un instrumento útil en el aprovechamiento de los recursos naturales del Chaco y habiendo un crecido número de instituciones que deben participar de su control y monitoreo, ¿de dónde sale tanta furia limitativa, a qué viene la nueva amenaza de una ley de deforestación cero que implicaría congelar el desarrollo del Chaco?
¿No será, como se dijo en el Plan Nacional de Manejo Integrado del Fuego patrocinado por 15 instituciones públicas y privadas en 2011, que hay “falta de ejercicio de las autoridades para aplicar las medidas legales por desconocimiento o falta de voluntad política”?.
Creo que ambos puntos son correctos: hay falta de conocimiento de las medidas legales o, peor aún, conociendo su existencia se las ignora ex profeso, tal vez por falta de voluntad política, pero más bien porque en vez de trabajar en pro de una actividad productiva lícita, conviene sentarse a holgazanear y dedicarse a fabricar obstáculos para vender soluciones.
¿Fiscalías? Holgazanerías.
