Con otro mamarracho legislativo, seis senadores planean “impuesto verde” a actividades productivas.

El proyecto de ley se funda en una combinación de información falsa, viejas mentiras y datos estadísticos anacrónicos.

ASUNCION, 01-04-2020 (Chaco 4.0) — El documento busca establecer medidas de emergencia “tributarias, de austeridad y equidad para el financiamiento genuino de la emergencia del coronavirus (SAR>S-COV2” y está firmado por los senadores Fernando Lugo, Sixto Pereira, Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Miguel Rodriguez y Jorge Querey.

La técnica legislativa empleada en su redacción es confusa ya que mezcla áreas como la salud pública, austeridad presupuestaria y el creación de nuevas escalas de impuestos.

De su lectura se desprende además una enorme cantidad de conclusiones falsas fundadas en información errónea y por completo desfasada en el tiempo.

CALCULOS ALEGRES – El proyecto de ley propone la creación del “impuesto verde” que (sic) “gravará los daños al ambiente y a la salud de la población ocasionados por la producción extensiva de soja”.

El concepto –fijar un impuesto a los daños ambientales y a la salud de la población- es tan difuso como inaplicable desde al técnica tributaria, porque significa determinar escalas imponibles a conceptos abstractos cuya objetivación no tiene precedentes, al menos en el país.

El daño ambiental sí está castigado con multas y otras sanciones penales según su gravedad.

Además, para que el impuesto del 5% a la soja “en estado natural” exportada rinda las recaudaciones que se espera (estiman en unos US$ 400 millones), el país debería producir alrededor de 40 millones de toneladas de la oleaginosa y no las 11 millones que, con suerte y viento a favor, se cosecharán esta temporada.

DATOS FALSOS – En los considerandos, el proyecto afirma que el Paraguay “ha sido mencionado recientemente en estadísticas internacionales por ser uno de los países con mas alto índice de deforestación en el mundo” y también por el uso de agro tóxicos prohibidos, nombrando específicamente el Endosulfan y el Paraquat.

Los proyectistas hacen un enfoque sesgado del tema ignorando exprofeso que recientes estudios de organismos internacionales (incluida la FAO) determinaron que el Paraguay es sumidero de carbono. Esto quiere decir que captura más CO2 del que emite a través de uno de los sistemas agroganaderos más eficientes del planeta, que produce anualmente –junto con Argentina, Brasil y Uruguay- el 30 por ciento de los alimentos demandados por el mundo emitiendo apenas el equivalente al 0,2% del CO2 mundial.

Los redactores parecen ignorar, por otra parte, que el Endosulfán, un insecticida y acaricida organoclorado, fue prohibido en el Paraguay en 2010 y que el Paraquat es de uso corriente en Argentina, Brasil, Uruguay y nuestro país, aunque está en fase de ser retirado del mercado para ser sustituído por herbicidas más avanzados y eficientes.

ABERRACION CONCEPTUAL — En otra parte de su presentación, los senadores afirman que “el patrimonio natural, de calidad de vida y salud de las personas es destruido irremediablemente” sin que quienes lo causan paguen por ello. El proyecto sugiere que tal supuesta “destrucción irremediable” sería compensada por los ingresos en metálico del impuesto.

Esta aberración se funda sobre una base falsa. Las actividades agroganaderas en el Paraguay se realizan desde hace mas de 30 años mediante el sistema de siembra directa que preserva la salud del suelo y garantiza una producción sustentable en equilibrio con el medio ambiente. Esta realidad está reconocida en todos los foros internacionales de producción sustentable en los que el Paraguay se presenta como ejemplo a seguir.

Un estudio realizado por el Ministerio del Ambiente (MADES) junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra cómo gradualmente Paraguay redujo un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo de 25 años (1990-2015). Esto se debe a que desde 1992 se inicia la llamada agricultura de conservación, en donde la siembra directa y otras prácticas se incorporan a los sistemas de producción y las unidades productivas cumplen con las leyes ambientales y forestales vigentes en la región oriental y occidental.

VIEJAS MENTIRAS – Como si saliera del túnel del tiempo, el mamarracho –resulta difícil presentarlo como proyecto de ley- repite la vieja mentira de que el 2% de la población “detiene” (sic) el 80% de las tierras basándose en un viejísimo documento del Banco Mundial.

El panorama ha cambiado radicalmente el último lustro. Cada año entran a la cadena de valor de la soja más pequeños productores que cambian el antiguo y obsoleto modelo de producción de subsistencia por el de agronegocio que los está sacando de la pobreza.

Hoy día, el 25% de las fincas dedicadas al cultivo de la soja y el maíz tienen menos de 20 hectáreas y la tendencia va en franco crecimiento. En la Región Oriental, los pequeños productores tienen mas de 2.300.000 hectáreas de tierra de alta calidad agrológica producto de la reforma agraria, parte de la cual ya está entrando a la producción mecanizada.

El complejo de la soja cubrió, en la temporada 19-20, alrededor de 3.800.000 hectáreas.

Autor entrada: Chaco Paraguayo