Legisladores, intendentes y “sintierras” profesionales fogonean conflictos rurales invadiendo propiedades privadas.
Cristian Nielsen — Editor
Nadie invade tierras en Chovoreca, en Gabino Mendoza o en el Hito IV en el Chaco. Todos los “conflictos” de tierras se ubican en la región Oriental, en zonas en donde la hectárea no baja de US$ 5.000. Los “conflictos” más ruidosos se producen en áreas cruzadas por carreteras asfaltadas y rutas todo tiempo, con energía eléctrica y centros comerciales cercanos. En cada episodio se mezclan intendentes municipales, concejales departamentales, caciques políticos, “sintierras” profesionales y hasta curas. Los cabecillas de esta nueva industria se mueven en vehículos con aire acondicionado, con elementos de camping y celulares de última generación.
Esta maquinaria depredadora tiene sus tiempos y sus actores: el intendente o concejal departamental que ubica las tierras a ser atropelladas; el “dirigente” campesino que comanda la invasión y ocupa la tierra; el legislador que patrocina la ley de expropiación; el funcionario del Indert cómplice que entrega información georeferenciada; y hasta el cura que bendice el operativo.
El caso 3 de Noviembre es referencial.
LA POSVERDAD – Las tierras de 3 de Noviembre son propiedad privada desde principios del siglo pasado, según dictaminaba el presidente del Indert hace algunas semanas. Hay documentos que prueban que cada transferencia de titulo ha sido de dominio estrictamente privado. Eso debería ser suficiente para que la autoridad judicial actúe contra quienes las invaden una y otra vez diciendo que son tierras fiscales.
Estas maquinarias de depredación saben el valor de una mentira repetida mil veces.
Ahora se la llama posverdad.
¿Y qué es la posverdad? Ocurre cuando se distorsiona de forma deliberada la realidad buscando influir en la mente de una gran cantidad de personas e inclinar conductas sociales en un determinado sentido. Por ejemplo:
Las tierras de la colonia 3 de Noviembre son fiscales, por lo tanto, quienes hoy las ocupan lo están haciendo en forma ilegal y deben ser deslojados.
Lo que menos importa a la posverdad, es la verdad. De nada sirve que el Indert asegure el estatus de autenticidad de una propiedad privada, que los propietarios de la tierra presenten documentos o que un juez dictamine que los papeles son auténticos. Los cultores de la posverdad martillean su mentira hasta que la hacen aparecer, ante la opinión pública, como una verdad cuando en realidad no lo es.
En el Paraguay, todos los días, el propietario de tierras es sospechoso hasta que se pruebe lo contrario. Sólo basta que un puñado de facinerosos disfrazados de “sintierras” le planten una carpa y le ocupen su propiedad.
Propiedad, vale añadir, que ha adquirido valor gracias al trabajo de quien la está haciendo producir con inversión, trabajo y perseverancia.