La ARP demanda a autoridades sanitarias rusas que identifiquen la partida de carne supuestamente contaminada con sustancias prohibidas.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) califica de «grave» la acusación del servicio veterinario oficial de Rusia al atribuir prematuramente la responsabilidad a ganaderos paraguayos, en forma indiscriminada, «por el uso de sustancias prohibidas como la raptopamina y otras«, exgiendo al organismo competente, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) que «en el ambito de su exclusiva competencia, determine la veracidad de la grave acusacion e individualice al o a los responsables, en su caso, a fin de que podamos distribuir correctamente las culpas«.
El gremio ganadero demanda a «las autoridades sanitarias rusas a indicar responsablemente cual fue la partida de carne de origen paraguayo en la que detectaron la existencia de tales sustancias prohibidas, de manera que, bajo un mecanismo de trazabilidad regresiva, SENACSA pueda establecer el origen de la misma«.
La trazabilidad, un mecanismo al cual la ganadería paraguaya de exportación está adscripto, permite la identificación del origen del ganado y a la vez otorgar al productor, y a los órganos competentes de control, la posibilidad de realizar un buen control de gestión de la hacienda.
UN TEMA MUY SERIO
El comunicado oficial de la ARP pone énfasis en «la seriedad en la exportación de carne, la defensa de todos los mercados y las necesidad de exigir a todos los productores un compromiso con la producción y comercialización responsable, así como la de todos los actores de la cadena de valor de la carne, que no es una custión baladí. Es fundamental y de la mayor relevancia «.
Sobre estos fundamentos, la ARP considera que «la investigación del caso es un tema urgente, que no admite demoras y que debe hacerse, al costo que fuere, para garantizar la calidad de nuestros productos, a sabiendas del compromiso que tenemos con más de un millón de personas directa e indirectamente vinculadas al negocio de la carne, que representa más del 12% de la población económicamente activa y el ingreso del 20% de las divisas genuinas necesarias para el desarrollo del país«.
Y finaliza el comunicado:
«No estamos dispuestos a aceptar culpas sin antes establecer responsablemente a quien, o a quiénes, corresponden».
