Los gremios privados habían advertido al PE que el Acuerdo, tal como esta redactado, podría funcionar como una barrera para arancelaria para el comercio paraguayo.
El setiembre de 2018, el entonces ministro de Relaciones Exteriores Luis Castiglioni había refrendado el documento titulado “Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como el Acuerdo de Escazú, asegurando que «dicho Acuerdo Regional, conocido como Acuerdo de Escazú, tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales«. Dicha ceremonia contó con la presencia de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Alicia Bárcena.
Al solicitar el retiro del proyecto de ley ratificatorio radicado en el Congreso por el Poder Ejecutivo, la UGP advirtió sobre los efectos negativos del acuerdo tanto en los aspectos comercial como ambiental y jurídico.
Los gremios privados advirtieron que el acuerdo podría funcionar como barrera para-arancelaria al no requerir su aplicación una base científica justificada.
También sugirieron al Gobierno «que futuros convenios sean analizados con una visión y abordaje multiinstitucional, considerando los aspectos no sólo ambientales, sino el impacto en los aspectos económicos y comerciales, ya que la sostenibilidad se basa en tres pilares: lo ambiental, lo social y lo económico”.
