“Están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo por caprichos diseñados con criterios muy ajenos a la realidad en la que se mueven los países con derecho a desarrollarse”.
ASUNCIÓN, 09-09-2024 (Chaco 4.0) – Cuatro de los más influyentes gremios de la producción condenan severamente las extorsiones perpetradas por ciertas organizaciones no gubernamentales que mediante correos enviados a productores de diversas zonas, y que amenazan con revelar supuestas infracciones a las leyes ambientales con el objeto de obtener una censura nacional e internacional.
“Instamos a todos los productores a cerrar filas ante estas amenazas y a las instituciones del Gobierno que entienden de estas cuestiones, acompañarnos en la defensa de los puestos de trabajo y el desarrollo de nuestra nación” rubrica un comunicado dado a conocer conjuntamente por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el Consorcio de Experimentación Agropecuaria (CEA) y la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC).
¿POLICÍAS AMBIENTALES? – “Ciertas oeneges y pretenden convertirse en la policía ambiental de todo el mundo con criterios que no se basan en ciencia apoyadas en un plan que vienen desarrollando desde hace mucho tiempo” expone el comunicado conjunto. Para el efecto, advierten, están poniendo en acción una nueva táctica.
“Se trata -dicen los gremios- de la descalificación reputacional de la gente que trabaja en el marco de las leyes nacionales. Son oenegés ambientalistas que comienzan a desplegar sus tácticas de chantaje con amenazas mediáticas a diversos actores de la producción agro ganadera paraguaya”.
El procedimiento es el siguiente:
- Los operadores de las oenegés comprometidas en esta campaña extorsiva envían correos a productores acusándolos de haber deforestado una equis cantidad de hectáreas.
- Luego les dan plazos ridículamente breves para presentar sus descargos.
- Cómo rúbrica les anticipan una publicación con sus supuestas infracciones.
“Pretenden amedrentar, citan diversas fuentes, pero olvidan un elemento fundamental y es que los productores amenazados han cumplido con las normativas paraguayas” expresa más adelante el documento conjunto.
El Paraguay tiene en vigencia desde 1973 la ley 422 de desarrollo forestal que en su Artículo 42 dice a la letra:
“Todas las propiedades rurales de mas de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio”.
Esta previsión rige hoy solamente para la región Occidental mientras que en la Oriental está vigente desde hace más de 20 años la ley 2.524 de deforestación cero.
“Con actitudes amenazantes y autoritarias pretenden desconocer de manera arbitraria y unilateral las leyes paraguayas e imponer sus condiciones, lo que vulnera el principio de autonomía de los países. Hoy -dice más adelante- cada país tiene sus leyes que han sido formuladas por instituciones democráticas locales y no dictadas por organizaciones con intereses particulares”.
EN RIESGO MILES DE EMPLEOS – Los cuatro gremios firmantes del comunicado señalan que las amenazas extorsivas son formuladas de manera general Incluyendo a los integrantes de la cadena de producción, desde los insumos hasta las plantas industriales. Luego, como un mensaje directo al Gobierno y sus instituciones, el documento remarca este punto que los gremios consideran de particular gravedad:
“Ni siquiera piensan (los extorsionadores) que están poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo por caprichos diseñados en escritorios con criterios muy ajenos a las realidades en las que se mueven los productores de los países que tienen derecho a desarrollarse”.Luego, contextualizando el lugar en el cual se mueve el Paraguay como signatario de acuerdos y protocolos internacionales medioambientales, los gremialistas resaltan que el país sostiene esa posición honrando su soberanía y autodeterminación.
“Paraguay es un país soberano. Ha firmado y cumple acuerdos internacionales como la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas y los acuerdos de París, en todos los cuales se respetan criterios como que “…la producción de alimentos no se vea amenazada” y “permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” afirma el documento documento en sus párrafos finales.