¿Y qué pasó con «cumplir y hacer cumplir la Constitución»?

Supercarretera Ciudad del Este-Salto del Guairá, altura Santa Fe del Paraná: tránsito bloqueado por manifestantes en abierta violación del derecho constitucional de libre circulación.

Por Cristian Nielsen – Editor

ASUNCION, 22-03-2021 (Chaco 4.0) – El Gobierno tiene la obligación de garantizar la circulación por las rutas de la República. Si permite que un puñado de revoltosos, con el argumento que sea, interrumpa el tránsito o lo obstaculice de cualquier forma, estará faltando a su deber fundamental: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

En el caso de la Ruta Transchaco, cualquier cierre, por el tiempo que sea y a la altura que sea, produce efectos muy dañinos sobre la economía de la región. La Transchaco sigue siendo la arteria principal y única por la cual transcurre la economía de los tres departamentos.

CADA CIERRE, UNA PUÑALADA — Algunas organizaciones cuyo grado de representación y legitimidad es más que dudoso, se han tomado la libertad de ubicar sus cierres a la altura del kilómetro 389, distrito de Irala Fernández. Este cierre desconecta automáticamente a todos los establecimientos de producción pecuaria, agrícola y cooperativas del Chaco Central, interrumpiendo el flujo de mercancías rumbo a los mercados de consumo así como la llegada de insumos agropecuarios e industriales esenciales para el funcionamiento de la región. Cada bloqueo es una puñalada al corazón de la economía chaqueña.

Cada minuto que el Gobierno tarda en despejar el tránsito son millones de guaraníes de pérdida para un sector productivo que no para una sola hora al año.

El Gobierno debe elegir: O garantiza las condiciones fundamentales para circular y producir, o favorece a grupúsculos que lo único que buscan es desestabilizarlo.

DAÑOS INESTIMABLES – Antes de “dejar correr” estos cierres destructivos e ilegales, cada responsable del Gobierno debiera entender lo que produce el Chaco y lo que se pierde con cada hora de parálisis del transito de productos, servicios y trabajo con diversos grados de especialización.

El Chaco aporta al año más de 200 millones de litros de leche, así como una enorme cantidad de derivados como los distintos tiposde queso y de yogur de gran consumo nacional.

De cada diez kilos de carne que se consume a nivel nacional o se exporta, por lo menos seis proceden de sus establecimientos ganaderos. Dos frigoríficos chaqueños, Chorti y Neuland, se han especializado en cortes premium que ya son de aceptación general en las mesas paraguayas.

Una parte cada año más estimable del trigo con el que se producen el pan para las mesas paraguayas proviene del Chaco, así como una cantidad creciente del maíz y de la soja. Una parte considerable de la miel que se consume a nivel país proviene de productores meleros del Chaco central, en especial familias indígenas que se dedican al rubro.

Toda esta actividad económica es puesta en jaque con cada cierre, con miles de litros de leche arruinados por las esperas demenciales impuestas por verdaderos pandilleros de la ruta.

Esto, el Gobierno no puede seguir permiténdolo. O de lo contrario se está convirtiendo en complice y encubridor de delitos de rango constitucional.

DERECHOS PERO TAMBIÉN OBLIGACIONES – El Gobierno no debe dejar envolverse por la dialéctica fácil y tramposa importada por estos colectivos diletantes de sociedades por completo arruinadas y empobrecidas por verdaderas hordas parasitarias que infectan al Estado, como es el caso de Argentina, en donde el Estado se ha vuelto por completo inviable.

La Constitución garantiza el derecho a reunirse y manifestarse. Lo dice en su artículo 32: “Las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos. La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley”.

Más claro, agua. Cualquier violación del orden público y del libre tránsito faculta a la Policía Nacional a despejar el lugar SIN ORDEN JUDICIAL.

No actuar es tan criminal como cerrar una ruta.

El Gobierno debe tener bien claro esto.