Si la aprueba Diputados y el PE la promulga tal como está, podría desintegrar financieramente a la ANDE.
Los senadores acaban de despacharse con una ley que bajo el heroico subtitulo de “Ñane energía” busca imponer una escala de descuentos de hasta 90% en las tarifas vigentes del servicio eléctrico de la ANDE.
La arquitectura previa de consideraciones que lleva a la parte dispositiva de la ley con media sanción es pródiga en definiciones tales como que la energía es un derecho humano, que hasta ahora las binacionales sólo han financiado la corrupción, que sus beneficios no deben ir a las elites de la ingeniería sino del hombre y la mujer común y obviedades por el estilo.
Nadie podría estar en contra de estos principios. Tampoco sería lógico oponerse a la extensión de la tarifa social a los auténticos beneficiarios, tal como de hecho se está haciendo actualmente. Pero pasar directamente a la imposición de descuentos draconianos sin mediar un estudio de sostenibilidad y de impacto financiero sobre la ANDE puede ser el paso que necesita el ente para estallar y desintegrarse.
¿Existe un estudio de esa naturaleza? ¿Lo exigieron los impulsores de la ley? ¿Lo presentó el presidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, cuando compareció ante el Congreso? Los expertos en costos y comercialización de la ANDE, ¿han hecho correr un modelo de aplicación de esta escala de descuentos y demostrado cómo quedarían los estados contables del ente a partir del primer año? ¿Se evaluó todo eso?
No es necesario que los cerebros que idearon este engendro nos digan cosas tales como que “los beneficios económicos de las binacionales deben ser re direccionados de feudos políticos deshonestos a las economías de cada jefe de hogar…”. Casi todos los firmantes del proyecto –José Ledesma, Hugo Richer, Carlos Filizzola, Salyn Buzarquis, Victor Ríos, Carlos Gomez Zelada, Armando Florentín, Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Jorge Querey y Pedro Santa Cruz- han sido en su momento parte de la administración del Estado y han tenido injerencia directa en las binacionales y en la ANDE. Eso quiere decir que conocen desde adentro y se han movido cómodamente dentro de esos “feudos políticos deshonestos”. Saben de qué hablan. Si aún están intactos quiere decir que nada han hecho para desactivarlos.
De manera que los proyectistas podrían ahorrarse toda esa jerga heroico-populista e ir directamente al grano. ¿Es o no viable su propuesta? ¿Por qué no lo demuestran con cifras, datos, estudios de impacto técnico, administrativo y financiero? Pero con rigor científico y metodológico, no a base de golpes bajos aprovechándose del desquicio de facturación que la ANDE está descargando sobre el bloque mayoritario que sostiene al ente, el consumo residencial…
Hablen en serio y sobre todo, actúen con rigor alguna vez, o no podremos creerles.
De charlatanerías ya estamos cansados.
