Las fallidas sociedades anónimas del Estado

Administrar telefonía puede ser un buen negocio… menos en el Paraguay, en donde una fallida SA estatal no logra levantar cabeza ni insertarse en un mercado altamente competitivo.

Cuando ANTELCO –la antecesora de Copaco- reinaba como única telefónica y en manos del Estado, teníamos un razonablemente buen servicio de telefonía básica. Pero cuando hizo su irrupción la telefonía móvil, el escenario se transformó violentamente y asociados a la tecnología en constante evolución, aparecieron negocios que nadie hubiera imaginado veinte años atrás.

Muy pronto picaron en punta las empresas líderes que abrieron un mercado inexistente: primero el simple play –telefonía celular-, al que muy pronto siguió el doble y el triple play, teléfono, internet y video cable, todo en un solo servicio. Las aplicaciones empezaron a llenar los dispositivos de nuevas formas de comunicarse, de disfrutar juegos, ver películas, escuchar música, sacar fotos, tomar videos y un sinnúmero de otras funciones reunidas en un solo dispositivo.

Fue entonces cuando el Estado decidió abrir la telefonía básica al nuevo mundo de las TICs y creó Copaco, una sucesora de la vieja ANTELCO que sin embargo se quedó a mitad de camino hacia ninguna parte. COPACO mantiene unos 4.500 funcionarios, a razón de uno por cada 81 líneas fijas y uno por cada 530 usuarios en su telefonía móvil Vox, que emplea 13 veces más gente que las dos principales competidoras, que tienen un empleado por cada 7.000 usuarios. Para tener una idea del colapso de gestión que agobia a la empresa, COPACO sólo participa en un 5% en el negocio de los celulares, un 14% en internet y tiene menos usuarios de TV paga que el más insignificante de los cables del interior del país.

En el ámbito privado, una auténtica SA que destine el 50% de su facturación a pagar salarios, el otro 50% a gastos fijos diversos y no le sobre nada para invertir en renovación y expansión tiene un solo destino: liquidación. COPACO sigue existiendo porque el Estado la sostiene con los impuestos que percibe. Así que es una vez más el ciudadano contribuyente el que tiene que pagar la ineficiencia de una empresa de prácticamente ninguna utilidad, salvo la de emplear un montón de gente como cupo político.